Ron DeSantis, gobernador de Florida, presentará una demanda judicial contra una disposición emitida por la Administración de Joe Biden que exige a los empleadores que todo su personal esté vacunado contra la COVID-19. El mandatario floridano considera que se trata de una medida “inconstitucional”.
El Gobierno de Biden anunció este jueves que a partir del 4 de enero las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar que sus empleados hayan sido inmunizados con la vacuna del coronavirus.
Considera DeSantis que tal disposición, llamada Norma Temporal de Emergencia (ETS), es “ilegal” pues no tiene autorización del Congreso. Dijo que la demanda será presentada este viernes 5 de noviembre ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos con sede en Atlanta.
El gobernador de Florida ha impulsado una serie de demandas judiciales y leyes en firme oposición al Gobierno Biden esencialmente por el manejo de la pandemia.
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De acuerdo con las consideraciones del Gobierno de DeSantis, la citada orden de vacunación afectará a unos 9.000 empleadores en Florida así como a los 4,5 millones de floridanos que ellos emplean, que conforman el 60 % de la fuerza laboral del estado.
“El gobierno federal no puede imponer unilateralmente una política médica bajo el disfraz de regulación del lugar de trabajo”, dijo el mandatario floridano.
Por su parte, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, manifestó que el propósito de la demanda es detener la “extralimitación” del Presidente y dijo que Biden “no tiene el poder de imponer políticas de salud” a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo.
En el caso de que los trabajadores se nieguen a vacunarse, estos empleados deberán someterse a pruebas semanales y llevar mascarilla todo el tiempo.
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Esta es la más significativa medida aplicada por el Gobierno hasta la fecha en el ámbito laboral contra la pandemia, pues puede afectar aproximadamente a 84 millones de trabajadores del sector privado según los cálculos de la Casa Blanca.
Una segunda medida que también entrará en vigencia el 4 de enero es la obligatoriedad de vacunación para todos los trabajadores de los centros médicos que participan en los programas públicos Medicare o Medicaid. Es el segundo mandato afecta a más de 17 millones de trabajadores.
Aproximadamente el 70 % de la población adulta en Estados Unidos está vacunada por completo, una cifra que ha aumentado en los últimos meses desde que el Gobierno comenzó a ejercer presión en las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir la vacuna.
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