El estado de Florida, con más de un 20% de inmigrantes, se encamina a firmar una de las leyes más estrictas en EE.UU. contra las llamadas ciudades “santuario”, que protegen a indocumentados, y obligará a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias para su deportación.
Con la aprobación el 26 de abril en el Senado estatal del proyecto de ley SB-168, por 22-18, y del 24 de abril de la HB-527, su versión en la Cámara baja, solo le resta una revisión final para ser enviada al gobernador, el republicano Ron DeSantis, para su promulgación como ley, lo cual se da ya por hecho.
La iniciativa conjunta exige que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo cumplan con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
Además exigen “la derogación de políticas santuario” y prohíben a funcionarios electos aprobar políticas de refugio que impidan la cooperación con las autoridades federales de Inmigración.
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“Estas medidas desperdician el dinero de los contribuyentes, ponen en peligro a nuestras comunidades, separan a las familias y exponen a las autoridades locales a costosas demandas de derechos civiles”, lamentó Scott McCoy, directivo de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC).
Florida se apresta a unirse a estados como Arkansas, que recientemente vetó las llamadas ciudades “santuario”, o a otros como Michigan, Montana y Carolina del Norte, todos dirigidos por gobernadores republicanos y que están promoviendo proyectos de ley similares.
Se trata de “uno de los proyectos de ley contra los inmigrantes más severos en el país. Florida está a punto de convertirse en uno de los estados más peligrosos del país para los inmigrantes”, señaló Thomas Kennedy, director político de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
Iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida de mayoría republicana, pero con la llegada al poder este año de DeSantis, aliado del presidente Donald Trump y de su política de mano dura contra la inmigración, el proyecto está a punto de convertirse en ley.
Las medidas, que ahora serán consolidadas en una sola para la firma del gobernador, lograron su aprobación pese a la oposición de los demócratas y grupos proinmigrantes, que aseguran que en Florida “no” hay ciudades santuario y que critican que no se ha tenido en cuenta el impacto económico de la medida.
El Partido Demócrata de Florida se lamentó que fracasaron varias enmiendas al proyecto con las que buscaban “proteger a los solicitantes de asilo y víctimas de delitos”.
“La votación de hoy representa una deslumbrante traición a las comunidades inmigrantes de Florida y tendrá graves consecuencias económicas en los próximos años”, expresó la portavoz del partido, Luisana Pérez.
Subrayó que los republicanos han declarado la guerra a las industrias (agricultura y turismo) que constituyen la columna vertebral de la economía estatal.
El excongresita republicano por Florida, Carlos Curbelo, manifestó en su cuenta de Twitter que el proyecto aprobado el 26 de abril “lastimará a nuestras comunidades y nuestra economía”.
Estas medidas han llevado a que una veintena de grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes emitiera recientemente una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de “discriminación racial, detención injusta y deportación” si finalmente se firma la ley.
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