Una organización de defensores del derecho al voto solicitaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revoque la suspensión de un fallo de un juez federal que permitía a los delincuentes de Florida recuperar el derecho al voto, independientemente de las multas impagas y otras obligaciones financieras.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito concedió una petición del gobernador Ron DeSantis para revisar y suspender una decisión de un juez del tribunal federal de Tallahassee fechada en mayo. Éste magistrado criticó el hecho de que Florida estableciera bloqueos para cientos de miles de delincuentes que buscan acceso a las urnas en virtud de una iniciativa aprobada por los votantes, reportó NBC Miami.
La corte de apelaciones ha programado una audiencia sobre el asunto para el 18 de agosto, el mismo día de las elecciones primarias en Florida. La fecha límite de registro para participar en esa elección es el 20 de julio.
El tema del acceso a las urnas de Florida ha estado en el centro de innumerables disputas legales, lo que indica el papel preponderante que tiene el estado en la determinación del equilibrio de poder no sólo en Florida sino también en Washington.
Con márgenes muy estrechos que a menudo deciden la carrera comicial, el resultado de esta batalla legal podría tener diversas ramificaciones porque los 774.000 delincuentes privados de sus derechos en Florida representan un bloque significativo.
Un gran número de esos delincuentes son afroamericanos y presumiblemente demócratas, y si se les permite votar podrían desempeñar un papel decisivo en el resultado de las primarias de agosto y en las elecciones presidenciales de noviembre.
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Por otro lado, el Southern Poverty Law Center (Centro Legal de la Pobreza del Sur), junto con otros grupos que representan a los delincuentes, solicitó al juez Clarence Thomas de la Corte Suprema, que anule la referida revocatoria exigida por DeSantis.
“Estamos pidiendo a la Corte Suprema que mantenga la orden de la Corte de Distrito que establece pautas claras y directas a seguir, para el estado y los condados, para que todos los floridanos (delincuentes) elegibles puedan votar en las elecciones del 2020″, dijo Nancy Abudu, subdirectora legal del Southern Poverty Law Center.
En 2018 los votantes de Florida aprobaron por abrumadora mayoría la Enmienda 4, que devolvería el derecho al voto a la mayoría de los delincuentes que habían cumplido sus sentencias. Pero inmediatamente surgió un debate sobre lo que significaba completar una sentencia, lo cual aún está en disputa legal.
Los defensores de los derechos de los votantes demandaron al estado en 2019 después que DeSantis firmara un proyecto de ley elaborado por los republicanos que estipulaba que, antes de que un delincuente pueda ser elegible para votar, además del tiempo de condena cumplido, también tendrían que estar resueltas todas las obligaciones financieras legales como multas y restitución impagada.
En su fallo de mayo el juez del tribunal de distrito Robert Hinkle, dijo que los legisladores de Florida habían ideado un “sistema de pago a los votantes” y ordenó al estado que permitiera votar a muchos delincuentes de Florida, independientemente de las deudas legales pendientes.
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