La histórica presencia de la comunidad cubana asentada desde hace décadas en el sur de Florida se consolidó como el factor determinante para atraer a casi uno de cada tres migrantes que llegaron a Estados Unidos durante la reciente ola posterior a la pandemia.
Así lo demuestra una investigación elaborada por las economistas Jennifer Hunt, Pia Orrenius y Madeline Zavodny, presentada en la conferencia de otoño de Brookings Papers on Economic Activity y difundida por el portal especializado Cuba en Miami.
El trabajo científico concluye que la red de apoyo construida por generaciones previas ejerció una fuerza de atracción superior al costo de vida o a las condiciones del mercado laboral de cada área metropolitana.
Contar con familiares o compatriotas en el destino facilitó decisiones inmediatas y urgentes, como la búsqueda de alojamiento, la inserción en el mercado de trabajo y la orientación general en un país nuevo. Por esta razón, el área metropolitana de Miami continuó absorbiendo constantes flujos de llegada, incluso cuando otras ciudades del país ofrecían alquileres significativamente más accesibles.
Entre julio de 2021 y junio de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró 542.083 expedientes de cubanos autorizados a ingresar o liberados en Estados Unidos. Esta cifra representó el 12.4% del total de 6.5 millones de personas recibidas bajo diversos mecanismos humanitarios y procedimientos de control migratorio. Con estas métricas, Cuba se ubicó como el segundo país de origen con mayor volumen de registros, superado únicamente por Venezuela.
Aunque New York lideró el volumen absoluto de expedientes migratorios totales de la oleada, el panorama cambia drásticamente al ajustar las cifras por el tamaño de la población. En este indicador, Miami saltó al primer puesto entre 164 áreas metropolitanas analizadas, registrando más de 48 casos en tribunales de inmigración por cada 1.000 habitantes.
Impacto en la economía y giro en las políticas
A nivel general, el estudio estimó que la llegada masiva de migrantes generó efectos positivos en las economías locales analizadas. En el área metropolitana promedio, el producto interno bruto experimentó un incremento cercano al 1.5% y se crearon 0.4 empleos adicionales por cada migrante, concentrados principalmente en los sectores de hostelería, ocio y servicios profesionales.
Asimismo, los alquileres aumentaron entre 1.4% y 1.6%, mientras que los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos crecieron un 0.9% sin alterar su tasa de empleo.
No obstante, el contexto institucional y legal para la comunidad cubana ha cambiado de forma radical tras el periodo analizado. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó el estatus de protección temporal concedido bajo el programa de parole humanitario a más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dejándolas expuestas a eventuales procesos de deportación.
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Al mismo tiempo, las operaciones de interdicción marítima y el endurecimiento de los controles fronterizos redujeron a niveles mínimos las llegadas por el estrecho de la Florida.
A este escenario se suman los vacíos legales persistentes. La Junta de Apelaciones de Inmigración mantiene el criterio de que el documento I-220A no equivale a un parole humanitario, lo que bloquea el acceso a la Ley de Ajuste Cubano y deja sin una ruta clara hacia la residencia permanente a miles de personas instaladas en el país.
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