Nataly Ahumada busca desesperadamente medicamentos en Colombia para su hijo con múltiples discapacidades y una enfermedad que le provoca ataques epilépticos diarios. Lleva meses esperando los fármacos debido a la escasez mundial agravada por un sistema de salud en crisis.
Si Mateo Ahumada, de 21 años, no recibe la droga “puede entrar en estatus convulsivo y por ende en un coma inducido”, dice la mujer a la AFP desde su casa en un barrio popular de Bogotá.
Es una batalla diaria para ella y numerosos pacientes que llevan meses reclamando medicinas a su seguro médico. De hecho, el “acceso a la salud” es la mayor preocupación de los colombianos, según una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica.
La crisis nace por la falta de suministros mundial derivada de la pandemia y agudizada en un país con un sistema de salud desfinanciado que no tiene cómo comprarlos.
Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro batalla para reformar el servicio sanitario en crisis pero el Congreso ha puesto freno a ésta y a la mayoría de iniciativas del primer gobierno de izquierda de Colombia.
La propuesta ha sido bloqueada en varias ocasiones pues los legisladores alegan fallas en su diseño que llevarían a una debacle aún mayor.
“Estoy reclamando la droga que me había quedado pendiente desde hace dos meses”, dice Albenis Muse al salir de la aseguradora abarrotada de gente, con pastillas para su hermano que padece diabetes, epilepsia y problemas de tiroides.
“El mes pasado no me la entregaron. Este mes ya había venido tres veces” sin éxito, asegura la mujer de 56 años.
De farmacia en farmacia ante la escasez de medicamentos
Antes del gobierno de Petro, las asociaciones médicas ya alertaban de la falta de medicamentos en el país. Se debía, aseguran expertos, a los coletazos del covid-19, un aumento en la demanda, el envejecimiento de la población y la falta de suministros en el mundo. Eso sumado a un sistema local asfixiado por falta de dinero.
El Foro Económico Mundial advirtió sobre la escasez en varios países, a razón de la guerra en Ucrania que afecta las “cadenas de suministro” y la inflación.
Asimismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) señaló problemas en la fabricación y entrega de medicamentos para enfermedades no transmisibles como la diabetes.
En Colombia existen entidades privadas (EPS) que sirven de intermediarias entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.
Petro aspira a un sistema 100% público y ha intervenido varias de las EPS.
Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.
El dinero que el Estado entrega a las EPS para la atención de los pacientes se hizo insuficiente, según un análisis de Función Pública, un medio especializado.
Natalia Consuegra, de 46 años, padece problemas de tiroides desde hace 15 y necesita tratamiento diario. Pese a tener un seguro complementario, lleva seis meses peregrinando de farmacia en farmacia intentando encontrarlos.
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Vida o muerte
Para Clara Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, las políticas gubernamentales agravaron la crisis financiera en las EPS.
Esto ha provocado retrasos en el pago a laboratorios e importadores de medicamentos y, por tanto, “se ha interrumpido” su entrega, explica.
De su lado, Petro ha acusado repetidamente de corrupción a las EPS, pues considera que existe “un robo continuado” de los dineros públicos.
Los pacientes sufren las consecuencias. José Gómez, de 66 años, no tuvo la misma suerte que Albenis. “Siempre son cinco o seis horas” de espera, dice, “y tampoco hay una fila preferencial para la tercera edad”.
Su caso es un asunto de vida o muerte. “Toca comprar mi medicación, no puedo dejar de tomarla, o corro el riesgo de sufrir un infarto o problemas de tensión”.
Un estudio de la Superintendencia de Salud, encargada de vigilar a las entidades del sistema, muestra que las quejas por deficiencias en el servicio aumentaron un 130% entre 2019 y 2024.
Sistema “fallido”
Ante la prolongada crisis, algunos colombianos no tienen más remedio que comprar los costosos medicamentos de su bolsillo. Para otros el dinero no alcanza.
Organizaciones y sindicatos de la salud denuncian un sistema “fallido”, que afecta especialmente a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, huérfanas y raras.
Según el doctor Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y cirujano de trasplante renal, esta situación también pone en riesgo la atención por enfermedades crónicas, trasplantes, hipertensión arterial y enfermedades huérfanas. Este tipo de terapia “no se puede suspender en ningún momento”, dice.
Cualquier retraso llevaría al paciente a “perder el órgano y puede incluso arriesgar su vida”.
En enero, la Corte Constitucional declaró “insuficientes” los recursos destinados a la financiación del sistema y pidió al ministerio de Salud que los reajustara para garantizar servicios de calidad a la población.
Por: AFP
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