El gremio de autores de Estados Unidos y seis grandes grupos editoriales de este país se unieron para emprender una demanda contra una ley del estado de Florida que veta libros en las escuelas públicas, pues considera que algunas de sus provisiones son inconstitucionales y contrarias a la libertad de expresión.
La querella iniciada en días pasados en contra de la polémica ley HB-1069, que fue sancionada en 2023 por el gobernador floridano, el republicano Ron DeSantis, entre otros asuntos permite a los padres de familia impugnar de las bibliotecas públicas escolares libros que consideren sean de índole pornográfico, sexual o tengan relación con la identidad de género.
Los demandantes señalan en la querella, que ha sido interpuesta en una corte federal de la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, que a raíz de esta norma se han retirado de las estanterías escolares clásicos de la literatura universal como “Anna Karenina”, de León Tolstói, y “’Por quién doblan las campanas”, de Ernest Hemingway, entre muchos otros títulos.
“Florida ha exigido que estos y otros libros sean retirados de las bibliotecas escolares bajo sus amplios mandatos generales y basados en el contenido, los cuales prohíben la consideración del valor de los libros”, denuncian las editoriales en la demanda a la que han tenido acceso agencias de noticias internacionales.
Los demandantes defienden que los libros aludidos son “clásicos atemporales, reconocidos por su valor literario”, que también han sido laureados y éxitos de ventas y que han permanecido en las bibliotecas escolares durante muchos años y “no son ni remotamente obscenos”.
Además, alegan que el lenguaje vago y confuso de la legislación en cuestión ha conducido a que las juntas de los distritos escolares se apresuren a ordenar la retirada de cientos de publicaciones de las estanterías de escuelas públicas en todo el estado.
Censura sin precedentes
La referida ordenanza confiere cinco días para la retirada de los libros impugnados, que serán revisados por los distritos escolares y, si éste considera que no contiene material que es objeto de la norma, puede ordenar que sea restaurado en la biblioteca. Si el texto poseyera alguna referencia a una “conducta sexual” pueden permanecer en los estantes, pero etiquetados acorde al grado o edad correspondiente.
Los demandantes, entre los que se encuentran Penguin Random House y HarperCollins Publishers, solicitan que dos provisiones de esta normativa sean declaradas inconstitucionales y queden sin efecto.
Las otras editoriales querellantes son Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Simon & Schuster y Sourcebooks, a los que se suma el gremio de autores y escritores como Julia Álvarez, John Green y Laurie Halse Anderson, entre otros.
Desde que la citada ley fue promulgada, el gobernador DeSantis ha defendido la norma bajo el argumento de que concede a los padres de familia el derecho a objetar publicaciones que consideren sean pornográficas o con material sexual explícito.
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La legislación es similar a otras promulgadas en otros estados conservadores, que desde hace algunos años han impuesto restricciones a las bibliotecas escolares. Según la organización PEN América, bajo la Administración de Ron DeSantis, “Florida ha prohibido más libros que cualquier otro estado” desde que en 2021 “comenzó esta ola de censura sin precedentes”.
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