El gobernador de Florida Ron DeSantis vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso de este estado que establecía una prohibición total del uso de redes sociales a menores de 16 años, una propuesta que se constituía como la más estricta de su tipo en Estados Unidos.
DeSantis, quien se había mostrado escéptico con el texto que recibió para su firma, dijo que la Legislatura está a punto de producir un proyecto de ley “diferente y superior”.
“Es importante proteger a los niños de los daños asociados con las redes sociales, al igual que apoyar los derechos de los padres”, comentó el mandatario en las redes sociales.
De Santis anticipó que el nuevo proyecto legislativo reconocerá esas prioridades y pronto se convertirá en ley.
El proyecto de ley HB1, o de Protección de Menores en Internet, vetada había sido aprobada por ambas cámaras el pasado 22 de febrero y estipulaba que las compañías de redes sociales prohibieran a usuarios menores de 16 años crear cuentas y que contrataran los servicios de empresas externas para la verificación de edades.
Aunque iniciativas de este tipo se han discutido en otros estados, el proyecto de Florida incluía las mayores restricciones en este campo al no contemplar la autorización de los padres o tutores legales como excepción.
El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, se había referido a “características adictivas” de estas aplicaciones, las cuales “son realmente frascos de veneno sobre la mesa”.
“Por eso, la participación de los padres constituye, en mi opinión, una píldora venenosa para la constitucionalidad del proyecto de ley. Simplemente ese no es un lugar al que podamos ir”, dijo a los periodistas poco después de aprobarse la medida en el legislativo estatal.
El gobernador había dicho que si bien las aplicaciones tienen funcionalidades “adictivas”, deben ser los padres los que tengan la última palabra.
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Los promotores del proyecto de ley acusaban a las redes sociales de ser las principales causantes del incremento de las tasas de suicidio entre adolescentes, así como del “ciberacoso” y de los casos de pedofilia.
Los oponentes, sin embargo, señalaban que el proyecto iba en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, al prohibir a los padres de familia la supervisión del uso de las redes sociales.
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