Los contundentes proyectos de ley HB-1589, HB-1451 y SB-1036 promulgados en 2024 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el propósito de reforzar el control migratorio y limitar la inmigración irregular en este estado, fortalecerán la capacidad del gobierno estatal para hacer cumplir la ley y reducirán significativamente el ingreso de migrantes no autorizados.
El mandatario floridano ha dicho que estas acciones reflejan un enfoque alineado con las propuestas migratorias del presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero. Dichas medidas han generado un debate a nivel nacional.
¿Cuáles son las leyes firmadas por DeSantis contra la inmigración irregular?
Desde el 1° de julio del año pasado la Ley HB-1589 endurece las sanciones para quienes conduzcan sin un registro válido en Florida. Según ha dicho DeSantis, esta reglamentación es una herramienta importante para combatir la inmigración irregular y mantener la seguridad en el estado, principalmente de cara a los efectos de la crisis fronteriza.
En concreto la normativa mantiene la sanción de hasta 60 días de cárcel para la primera infracción y agrava los castigos en casos de reincidencia; las segundas infracciones conllevarán a penas de hasta un año de prisión, mientras que una tercera condena o las subsecuentes incluyen una sentencia mínima obligatoria de 10 días.
Con esta ley Florida reafirma su posición contra las licencias de conducir emitidas por jurisdicciones santuario a extranjeros no autorizados y consolidará esta posición bajo el mandato de Donald Trump.
La Ley HB-1451, en vigencia desde julio del año pasado, prohíbe a los condados y municipios de Florida aceptar tarjetas de identificación emitidas por otras jurisdicciones a inmigrantes indocumentados. Dichas identificaciones, conocidas como tarjetas comunitarias, son utilizadas en algunos estados para facilitar la vida de los migrantes sin documentos legales.
DeSantis justificó la ley al argumentar que forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la inmigración irregular en Florida y garantizar que el estado no colabore, directa o indirectamente, con políticas que contradigan las leyes migratorias federales.
Desde el 1° de octubre del año pasado, la Ley SB-1036 introduce un sistema de reclasificación de delitos para inmigrantes que reinciden en actividades delictivas tras haber sido deportados. Esta legislación busca disuadir el reingreso ilegal a Florida y el potencial impacto en la seguridad pública.
Los delitos graves de tercer grado se reclasifican como de segundo grado, con penas que aumentan de 5 a 15 años. Igualmente, los delitos graves de segundo grado pasan a ser de primer grado, con condenas de hasta 30 años, mientras que los de primer grado pueden conllevar cadena perpetua.
Postura reforzada
DeSantis ha destacado que las medidas operativas asumidas para intensificar el control migratorio en Florida y el cumplimiento de las recientes legislaciones, incluyen entre otras, el despliegue de más de 250 efectivos de agencias estatales en puntos estratégicos del sur del estado y los Cayos.
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De acuerdo con el gobernador, estas medidas buscan abordar lo que considera una creciente amenaza derivada de las políticas migratorias de la Administración Joe Biden, a la que acusa de haber fallado en garantizar la seguridad de las fronteras.
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