El desalojo de un grupo de dos docenas de exconvictos por delitos sexuales, que vivían en un área industrial de Hialeah, en la calle 48 entre las avenidas 36 y 37 del noroeste de Miami-Dade, es motivo de preocupación para la ciudadanía y constituye un disyuntiva para el gobierno condal.
La situación ha generado molestias entre algunos miembros de la comunidad, pues dicen que no hay una solución concreta, y estos individuos podrían terminar esparcidos por toda la ciudad.
El pasado viernes 21 de junio la Policía del condado de Miami-Dade hizo cumplir la orden de desalojo del campamento donde habitaban un centenar de indigentes en tiendas de campaña instaladas a ambos lados de un tramo de la calle que está entre dos vías de tren.
Aunque el condado había instalado aseos móviles y un punto de agua no potable para que pudieran asearse, la medida de desalojo alega incumplimiento de medidas de sanidad y uso ilegal del lugar para vivir.
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Para cualquier residente es difícil de entender que en cualquier momento una docena de indigentes están viviendo en la calle cerca de su vivienda, en carpas o pequeñas casas rodantes, y que además esos sujetos tienen antecedentes penales por delitos sexuales.
Debido a la ordenanza condal que obliga a que los predadores sexuales no puedan habitar a 2.500 pies de una escuela, un jardín infantil o un parque frecuentados por menores, y a 1.000 pies de una parada de autobús escolar, a estas personas cada vez se les dificulta más encontrar dónde vivir.
Ron Book, presidente del fidecomiso que administra los recursos para desamparados en Miami-Dade, dijo al Diario Las Américas que en los días previos al desalojo, junto con miembros de su equipo de trabajo, se reunió con los afectados en aras de encontrar una solución a su difícil situación.
“La mayoría no ha hecho nada para encontrar un lugar para vivir distinto a la calle. Hemos hablado con ellos varias veces sobre opciones de vivienda y sobre el proceso que requieren seguir”, dijo Book.
Reconoció que quienes sí aceptaron acogerse a la ayuda del fideicomiso, no les fue bien. “Había gente que tuvo un empleo y vivienda en un determinado momento, pero cuando el arrendatario o los empleadores se enteraron que esas personas estaban registradas como delincuentes sexuales, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban y despedidos de sus trabajos”.
Según una ordenanza del Condado Miami-Dade aprobada en 2005, quienes hayan cometido delitos sexuales y hayan sido condenados, quedarán de forma permanente en una base de datos pública del gobierno a la que cualquier persona podrá tener acceso.
La interrogante ante una situación recurrente de indigentes que cumplieron penas por delitos sexuales y habitan en las adyacencias de zonas residenciales, es si las autoridades hacen un seguimiento a todas esas personas, y si tienen acceso a servicios de salud mental.
“Todos ellos pueden tener consejería de salud mental para MDSO (mentally disordered sex ofender), pero tal vez ya no están bajo el control de una corte o de la comunidad”, precisó Book.
Sin embargo asistir a consultas de salud mental y toman los medicamentos es un acto voluntario.
Book refiere que los más difíciles de sacar de las calles son los casos de indigencia crónica en la población de exconvictos sexuales. “Mejoran las posibilidades de sacar a esos individuos de la calle cuando están estables y los médicos les dan las medicinas que requieren. Yo no puedo obligarlos a que reciban esas medicinas, pero sí puedo hacer un esfuerzo para sacarlos de la indigencia”.
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