En los espacios de un tribunal federal de Boston fue incoada una demanda contra la administración del presidente Trump que activó desde el pasado 7 de agosto una medida que eliminó las “visas especiales” para personas enfermas que reciben tratamiento médico avanzado, que no podrían obtener en sus naciones de origen.
De acuerdo a material divulgado por la Voz de las Américas “la sección en Massachusetts de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la asociación Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Humanos) presentaron la demanda el jueves”.
Según se conoció los querellantes buscan con urgencia revertir la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) del 7 de agosto, que puso fin al programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA por sus siglas en inglés).
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Entre los efectos de la medida administrativa del gobierno, está la suspensión del programa que permite a ciudadanos extranjeros que vivan y reciban servicios de salud en Estados Unidos por un máximo de dos años, mientras ellos mismos o sus familiares reciben tratamiento médico.
En ninguna de las ocasiones en que estos datos han sido noticias el USCIS ha contestado a la solicitud de comentarios.
La agencia declaró el lunes que seguirá procesando solicitudes introducidas antes del 7 de agosto, luego de objeciones de médicos, abogados de inmigración y grupos de derechos civiles.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración se encargó en su momento de realizar las notificaciones a través de correspondencias a las personas que están en el país en esa especial situación.
Las críticas, testimonios y denuncias por trato cruel y violaciones a tratados internacionales no se han hecho esperar, sin embargo las personas que están en el país recibiendo tratamiento médico para enfermedades críticas, al parecer tienen los días contados antes de su deportación.
Los medios sociales han hecho viral los puntos de vista de las personas que rechazan la medida a la que calificaron como un cambio cruel, que podría obligar a las personas migrantes a aceptar un tratamiento de menor calidad en sus países de origen, donde muchas veces hay limitaciones económicas y es complicado recibir tratamientos médicos especializados.
Giro al terreno racista
Los grupos de derechos civiles arguyen que la decisión de poner fin a la política de asistencia humanitaria que está vigente desde hace décadas, se tomó sin anunciarse públicamente con antelación y sin la explicación requerida por la ley para modificar una normativa importante del gobierno federal.
También estiman que la decisión se basó en una animadversión racial y étnica y un deseo de limitar la inmigración no europea y, por lo tanto, en violación de la Constitución.
Kenneth Cuccinelli, director interino de la agencia, días antes de que el USCIS cancelara el programa, dejó entrever en una entrevista que la famosa frase grabada en la Estatua de la Libertad de “dadme vuestros seres pobres y cansados” se refería a las personas provenientes de Europa, no de otras naciones, según la demanda.
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La ACLU y Lawyers for Civil Rights también mencionan varias declaraciones públicas de Trump y las decisiones políticas con las que se pretende restringir la inmigración legal e ilegal de personas provenientes de naciones no europeas.
Por su parte Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU en Massachusetts, dijo que el gobierno de Trump está empeñado en causar tanto sufrimiento como sea posible a las familias inmigrantes. Este ataque contra los menores y sus familias es inhumano e ilegal.
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