La Fiscal General interina, Jennifer Davenport, integró a New Jersey en una demanda conjunta de 15 estados para impugnar las recientes modificaciones de la administración federal al protocolo nacional de inmunización pediátrica.
La demanda se centra en un “Memorando de Decisión” emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 5 de enero de 2026. El documento eliminó la recomendación universal de siete vacunas esenciales que protegen contra el rotavirus, la meningitis, las hepatitis A y B, la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VSR). El litigio sostiene que la medida carece de fundamento legal y técnico.
“La confianza pública en las vacunas se basa en la transparencia, la estabilidad y las directrices clínicas basadas en la evidencia. Sin embargo, esa confianza es frágil”, aseguró el Comisionado de Salud Interino, Raynard E. Washington.
El recurso judicial cuestiona la disolución del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y su sustitución por perfiles que los demandantes califican como carentes de las credenciales necesarias. Entre los señalados en la demanda figuran el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., y el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya.
La fiscalía de New Jersey argumenta que estas decisiones administrativas eluden los procedimientos federales establecidos para la alteración de políticas de salud pública de alto impacto.
“Como alguien que ha dedicado su carrera a construir esa confianza, es indefendible que nuestras instituciones federales de salud la estén socavando. Estas políticas de vacunación imprudentes no solo dañan la confianza pública, sino que provocarán sufrimiento y muertes evitables. New Jersey seguirá el consenso científico y médico y desafiará las acciones que amenazan la salud de nuestro estado”, agregó Raynard E. Washington.
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Un precedente
Las autoridades de New Jersey fundamentan su postura en registros estadísticos que abarcan tres décadas. Datos recopilados entre 1994 y 2023 vinculan la vacunación rutinaria con la prevención de 508 millones de casos de enfermedad y más de un millón de muertes en Estados Unidos, con un ahorro social proyectado de 2,7 billones de dólares.
La demanda alega que la actual dirección del HHS en New Jersey y el resto del país ha desestimado la evidencia científica consolidada, alterando un sistema de confianza que ha regido la medicina preventiva infantil durante generaciones.
“En junio de 2025, el secretario Kennedy despidió abruptamente a los diecisiete miembros con derecho a voto del ACIP y los reemplazó por personas que carecen de las cualificaciones científicas requeridas por los propios estatutos del ACIP y la Ley del Comité Asesor Federal (FACA). Al menos nueve de los trece miembros actuales del ACIP carecen de la experiencia o las cualificaciones profesionales requeridas para el cargo, y la mayoría ha expresado públicamente su postura antivacunas”, señaló una nota de prensa de la ciudad.
De esta forma, la Fiscal General interina Davenport se une en esta demanda a los Fiscales Generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, y al Gobernador de Pennsylvania.
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