Una jueza federal de Estados Unidos frenó la aplicación ampliada del procedimiento de “expulsión acelerada” de migrantes, un mecanismo clave en el plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump. La decisión representa un revés para la estrategia migratoria del gobierno estadounidense que buscaba ampliar las devoluciones sin proceso judicial a todo el territorio del país.
El programa, creado para permitir la rápida deportación de migrantes detenidos cerca de la frontera con México que hubieran ingresado en las dos semanas anteriores, fue modificado por la Administración Trump al inicio de su mandato en 2017. Bajo esa ampliación, el procedimiento podía aplicarse a cualquier persona en el país que no pudiera demostrar haber residido más de dos años en Estados Unidos, independientemente de su ubicación.
La jueza Jia M. Cobb, designada por el presidente demócrata Joe Biden, consideró en su fallo que esta práctica podía llevar a expulsiones “erróneas” y sin garantías mínimas de debido proceso. Según explicó, el esquema privaba a los migrantes de la oportunidad de demostrar el tiempo que llevaban viviendo en el país o de presentar otros argumentos de defensa.
“El Gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso”, escribió la jueza Jia Cobb. “Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro”, advirtió.
La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a todas las personas frente a abusos de autoridad y garantiza la posibilidad de ser escuchado en un procedimiento judicial. La jueza recalcó que su decisión no cuestiona la legalidad del mecanismo en la frontera, sino su extensión indiscriminada al interior del país.
La magistrada Cobb también citó principios constitucionales que establecen que nadie puede ser expulsado sin haber tenido, al menos en algún momento, la posibilidad de defenderse ante un tribunal. Este razonamiento se suma a una serie de decisiones judiciales que, en los últimos años, han limitado los alcances de las políticas migratorias más restrictivas de la Administración Trump.
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La promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial del republicano. Sin embargo, su programa de deportaciones masivas se ha enfrentado a múltiples obstáculos legales, en particular por vulnerar el derecho al debido proceso de las personas afectadas.
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