La Cámara Baja de Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe las llamadas “ciudades santuario”, que protegen a indocumentados, y obliga a las agencias locales a cooperar con las autoridades migratorias.
Con la aprobación en la Cámara de Representantes estatal, con 68 votos a favor y 45 en contra, el proyecto de ley SB-168 se dirige sin obstáculos al escritorio del gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, para que la promulgue, lo cual se da por hecho.
El proyecto ya había salido adelante la semana pasada en el Senado estatal, por 22-18, y esta semana el texto se hallaba en debate en la Cámara baja, que con anterioridad ya había aprobado su propia versión.
La iniciativa ha sido motivo de debates esta semana en la Cámara de Representantes y bajo la presión de sacar adelante un texto consensuado y revisado antes de que acabara el actual periodo de sesiones del Legislativo floridano, controlado por el Partido Republicano.
“Las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado”, declaró DeSantis, poco después de conocida la votación.
Por medio de un comunicado, el gobernador recordó que a comienzos de este año pidió a la Legislatura de Florida le enviará en esta sesión un proyecto de ley “que respete el estado de derecho y aborde las ciudades y condados santuarios”.
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“Somos un estado más fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la policía en todos los niveles”, agregó.
La iniciativa conjunta exige que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo cumplan con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
El Partido Demócrata de Florida se lamentó que fracasaron todas las enmiendas al proyecto con las que buscaban, entre otros, “proteger a los solicitantes de asilo y víctimas de delitos”.
“El SB-168 fomenta el odio contra los inmigrantes, y afecta a todas las comunidades, incluyendo a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que han huido de regímenes autoritarios”, señaló en un comunicado la presidenta de los demócratas en este estado, Terrie Rizzo.
Agregó que de ser un estado que daba la bienvenida a los inmigrantes que buscaban un mejor futuro, “ahora se ha convertido en la máquina de separación de familias y deportación del Partido Republicano de Florida”.
De acuerdo a medios locales, a lo largo del actual periodo de sesiones se hicieron en ambas cámaras 244 enmiendas a la iniciativa, en una gran mayoría ingresadas por los demócratas que buscaban también eximir del cumplimiento de la inminente ley a las escuelas, personal de emergencias y bomberos.
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