Miles de cocaleros rebeldes protagonizaron una marcha y un masticado colectivo de coca en una plaza de La Paz, Bolivia, en una inusual protesta contra el gobierno de Evo Morales.
“Hemos sido el patio trasero de este gobierno”, se quejó Sergio Pampa, líder de los cultivadores de coca de Yungas en el norte de La Paz, uno de los dos sindicatos cocaleros del país que desde hace un año está enfrentado al Gobierno.
Pampa dijo que la nueva ley de coca aprobada a fines de 2017, “marcó la ruptura”. La norma eleva a 22.000 hectáreas el cultivo legal de la hoja para consumo tradicional y legaliza la coca del Chapare, feudo político de Morales, donde los cocales hasta entonces no estaban reconocidos por una ley.
En el pasado, esas luchas en contra de la erradicación en Chapare, en el centro del país, fueron alentadas por Estados Unidos y forjaron la carrera política de Morales hasta convertirse en presidente en 2006.
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La marcha del martes fue ruidosa pero pacífica. En su recorrido por el centro de la ciudad, los cocaleros hicieron una parada en el penal donde está recluido su líder, Franklin Gutiérrez, acusado de instigar una protesta que derivó en la muerte de un policía de la brigada de erradicación de coca el año pasado.
“Franklin es preso político”, se leía en carteles.
La protesta concluyó con un mitin para reclamar la libertad de su líder y los cocaleros comenzaron a masticar coca. El acullico, como se conoce al masticado, es una práctica social, ritual y medicinal desde tiempos prehispánicos que aún prevalece. Consiste en mantener un bolo de coca en la boca, chupar su jugo para calmar el hambre, mitigar el cansancio y curar males estomacales. En su estado natural la coca es un ligero estimulante pero no es estupefaciente.
La jornada de acullico la realizaban los cocaleros frente a la embajada de Estados Unidos hasta antes de la ruptura entre los dos sindicatos.
Ninguna autoridad se refirió a la protesta ni hubo presencia policial para evitar choques como hace un año. Un grupo de policías antimotines tendió un cerco en la puerta del penal donde los cocaleros permanecieron pocos minutos.
La semana pasada Morales destacó su política de control de la coca, de la que dijo que es pacífica y en acuerdo con los sindicatos para evitar el cultivo fuera de los límites permitidos.
Según las autoridades, los cultivadores de Yungas no acatan la delimitación que señala la ley.
Con 24.000 hectáreas hasta 2017 según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo en la producción de coca y cocaína después de Colombia y Perú.
Más de 80.000 cocaleros dependen de la coca que según la UNODC movió 374 millones de dólares en 2017, el 1% del PIB, sin contar lo que genera la cocaína.