Los pobres de Penn desean que la torta del presupuesto sea bien repartida. Creen que la carga debe estar balanceada hacia sus intereses. Ellos fueron los más golpeados por la pandemia de la COVID-19. El segundo estado de la Unión tiene 10 mil millones de dólares para gastar y tiene claras sus demandas.
El gobernador Tom Wolf y la legislatura liderada por los republicanos están en la recta final para dar la aprobación al presupuesto. Bajo la bandera de la Campaña de los Pobres las exigencias son transparentes. Nijmie Dzurinko, copresidente de la Campaña de los Pobres de Pensilvania tiene las perspectivas claras. “No se trata de izquierda o derecha. Se trata de lo correcto y lo incorrecto”.
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Ellos desean un “presupuesto justo y moral para Pensilvania”. Entre mucho piden restaurar los programas para los más pobres de Pensilvania. Incluye un beneficio en efectivo para los adultos llamado Asistencia General. Además quieren la ampliación del Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible del estado. También la contratación de personal adicional de desempleo para gestionar la avalancha de reclamaciones.
Pobres de Penn en coalición
La Campaña de los Pobres de Penn exige a los legisladores perspectiva. Es un asunto puntual: dar prioridad a las familias de clase trabajadora y de bajos ingresos. “Lo que decimos es que el presupuesto tiene que reflejar las necesidades de más de cinco millones de personas en Pensilvania que son pobres o casi pobres”.
Este año hay dinero. En teoría, las negociaciones deberían ser menos complejas. El estado proyecta $3.000 millones en recaudación de impuestos. Una cifra por encima de lo que había previsto inicialmente. Pensilvania puede contar con otros $7.300 millones federales. El dinero procede del plan de rescate del coronavirus firmado a principios de año por el presidente Joe Biden.
Los miembros de la Campaña de los Pobres están en sintonía con los demócratas del estado. Consideran que es el momento de realizar grandes cambios estructurales, no pequeños. Al menos así lo piensa Madelyn Arias, miembro del Movimiento de Líderes Inmigrantes de Pensilvania. “Durante la pandemia, la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha hecho aún más visible. Hemos sido testigos de interminables colas de gente pobre buscando una despensa para alimentarse”.
Hasta el 30 de junio
Para resolver cómo gastar ese dinero del estímulo hay en teoría una fecha. Sin embargo el envío del exceso de dólares, tiene el potencial de convertirse en una desagradable lucha política. Sobre la mesa está que el debate de las negociaciones se prolongue más allá de la fecha límite del 30 de junio.
El gobernador Tom Wolf está terminando los dos últimos años de su segundo mandato. Los pobres de Penn saben que eso los lleva al estatus de “lame-duck“. Un hecho que dificultaría a cualquier Gobernador la aprobación de políticas.
Sin embargo, Wolf ha tenido una historia escabrosa con los republicanos que controlan ambas cámaras legislativas. Son memorables importantes desacuerdos en el último año sobre su gestión de la pandemia. Además 2022 marcará el inicio de una polémica batalla entre demócratas y republicanos por quién sucederá a Wolf. Esta es una realidad política que podría forzar más tonos partidistas y grandilocuencia en las negociaciones de este año.
En resumen, el interés de Wolf se centra en su plan de infundir “1.000 millones adicionales a la educación pública, que los republicanos no han respaldado. Sin embargo los pobres de Penn desean concreción en sus manos.
Un momento comprometido
El periodista Shaniece Holmes Brown, de Spotlight tuvo acceso a la opinión de la Campaña de los Pobres de Penn. Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado del estado quieren aprovechar el momento. Tienen un punto de vista para invertir los más de $7.000 millones de ayuda federal.
Desean hacer grandes inversiones en la reducción de la pobreza. Eso incluye gastar 250 millones de dólares para establecer un programa de bajas familiares y por enfermedad pagadas. Además destinar $300 millones a la mejora del sistema de guarderías del estado y aumentar el salario mínimo de los trabajadores de atención sanitaria a domicilio.
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Como punto crucial se resalta que desde que se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus en Pensilvania el año pasado, se han presentado unos seis millones de solicitudes de desempleo en el estado. Al mismo tiempo, los defensores creen que miles de hogares son vulnerables al desalojo. Asimismo casi un millón de clientes estaban atrasados en sus facturas de servicios públicos en enero.
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