El fiscal general de California, Xavier Becerra, volvió a tomar la batuta para enfrentar lo que su oficina considera decisiones ilegales de la administración Trump y esta vez ha demandado al Gobierno debido a que tristemente célebre “nueva regla” violaría la Quinta Enmienda de la Constitución
Una coalición de cuatro estados presentó este viernes una demanda contra la nueva norma del Gobierno de Donald Trump que busca limitar el acceso a la “green card” o residencia permanente a inmigrantes legales que reciben en EE.UU. ciertos beneficios públicos.
La una corte del Distrito Norte de California fue la instancia donde nuevamente se recibió una querella contra la disposición, demanda que tiene como alegato que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.
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Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento dijo que “esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable”.
Esta no es la primera coalición de estados que la emprenden legalmente contra la “nueva regla”. Recientemente los fiscales de Washington y Virginia, lideraron en una ación legal a otros territorios como Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island.
El nuevo grupo está integrado por Maine, Pensilvania y Oregón se unieron a California y al Distrito de Columbia en la acción legal contra Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés).
La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tienen la intención de hacerse ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.
Advirtieron los demandante que esta medida afectará a los niños californianos, los trabajos y por ende la economía del estado.
Gavin Newsom, gobernador de California, dijo que “este último movimiento de la Administración federal para demonizar a los inmigrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre inmigrante”.
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“Estamos haciendo frente a la Administración Trump en los tribunales para proteger nuestra economía, nuestras familias y nuestros valores más sagrados”, agregó.
El fiscal Becerra explicó que la demanda urge al tribunal a emitir una orden que frene la implementación de la medida que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre.
Se estima que la “nueva regla” afectaría a aquellos inmigrantes del Estado Dorado que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional en California) y ayudas para vivienda (Sección 8), entre otros, precisó el fiscal.
Al presentar la nueva regla el lunes pasado, Cuccinelli dijo que la medida “pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”.
Newsom subrayó que la medida de “carga pública” está diseñada para crear miedo en las familias inmigrantes, “es cruel y amenaza la salud pública de California”.
Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en California hay 3 millones 059 mil inmigrantes indocumentados.
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