El estado de Florida avanza en el proceso que reducirá las exigencias para otorgar la pena de muerte a una persona en virtud de un proyecto de ley que ya cumplió el trámite en el Senado estatal. Ahora deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes previamente a ser enviado para su firma al gobernador Ron DeSantis quien es favorable a la disposición.
El proyecto, aprobado en el Senado estatal con 29 votos a favor y 10 en contra, implanta que un juez podrá imponer la pena máxima a una persona condenada si ocho de los doce jurados así lo recomiendan. Esta metodología va contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que considera inconstitucional para estos casos la mayoría simple y exige un voto unánime del jurado.
En 2022 DeSantis anunció que deseaba que al estado volviera la pena capital por mayoría simple, la cual estuvo vigente en Florida hasta que la Corte Suprema obligó a cambiarla en 2016.
La razón invocada por el mandatario floridano fue que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland en 2018, Nikolas Cruz, se libró de la pena de muerte porque el voto del jurado no fue unánime.
De forma paralela, DeSantis ha promovido una simplificación de las normativas que regulan en su estado el porte y tenencia de armas. Ya solamente falta la firma del gobernador para que en Florida sea legal que las personas lleven consigo, aunque de manera oculta, un arma de fuego sin necesidad de permiso ni entrenamiento, lo que el gobernador ha denominado “porte constitucional”.
En enero del presente año se llevó a cabo la primera ejecución de un condenado a muerte desde 2019. Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de haber matado a un policía, fue ejecutado con una inyección letal.
Para el 12 de abril está programada la ejecución de Louis Gaskin, condenado a muerte por un doble asesinato cometido con un rifle en 1989.
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La Iglesia opuesta
En una misiva la Conferencia de Obispos Católicos de Florida le solicitó a DeSantis que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero eso no ocurrió y fue ejecutado en la fecha prevista.
En la carta, los obispos recalcaron que castigar con la pena de muerte “debería ser inadmisible”.
En 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplicó una moratoria a las ejecuciones federales luego de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.
De acuerdo con datos del Departamento de Correcciones de Florida, en la actualidad existen casi 300 reclusos en el “corredor de la muerte”, como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.
El penado con la edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún en la actualidad asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.
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