El paso al frente dado por la comunidad de Pensilvania que en el verano de 2018 reveló el patrón de encubrimiento sistemático de la Iglesia en los casos de abusos de índole sexual que involucraba a clérigos de su diócesis, ha estimulado a exigir al Vaticano una presencia activa de las víctimas en la reunión que la Santa Sede tiene pautada para febrero de este año donde debatirán el caso.
Recientemente el Papa Francisco convocó, entre el 21 y el 24 de febrero, a los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo a participar de una cumbre sin precedentes, en la que tratarán los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, y les pidió que antes visitaran “personalmente” a las víctimas.
Las organizaciones Terminar con el Abuso del Clero y Red de Sobrevivientes de los Maltratados por los Sacerdotes, creadas para darle una cara sólida a los consecuencias de la pedofilia clerical, pidieron su inclusión en la cumbre anti-abusos que se celebrará en febrero en el Vaticano para abordar la actual crisis de pederastia.
“Lo que queremos es que se tome a esta reunión en serio y que resulte en una reforma real y significativa”.
Peter Isely, portavoz de la organización “Terminar con el Abuso del Clero”,declaró en una conferencia de prensa recientemente celebrada en Chicago, Illinois, que “estamos pidiendo al Santo Padre que haga algo muy simple: que ponga a liderar su cumbre a personas que no estén salpicadas por los delitos sexuales contra niños”.
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De esa forma, agregó Isely, las víctimas y el resto del mundo podrán tener un atisbo de esperanza.
Para las víctimas el ejemplo de Pensilvania es claro. En ese estado se hizo un esfuerzo descomunal para traer a la luz los delitos encubiertos por la iglesia durante décadas.
El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema de Pensilvania emitió un informe que identificó a más de 300 miembros de la Iglesia católica acusados de cometer abusos sexuales contra menores durante 70 años.
Realizado por un gran jurado que escuchó el testimonio de las víctimas y se reunió con ellas durante dos años, el reporte detalló más de mil casos registrados en seis de las ocho diócesis de Pensilvania y describió un esfuerzo de encubrimiento sistemático por los líderes católicos.
Josh Shapiro, fiscal general del territorio, expresó en una conferencia que aunque en el documento se relacionaron más de un millar de afectados se cree que existan más.
En Illinois las cosas no han sido diferentes para las víctimas, expresó Patricia Gallagher, quien sufrió a los siete años de edad la agresión de un religioso que se hizo amigo de su familia: “Contaron con nuestro silencio. El horror de lo que nos pasó a cada uno de nosotros tiene que conocerse y hablarse”.
Ahora con 61 años, según informaciones periodísticas, esa mujer pidió a las máximas autoridades de la Iglesia que escuche los testimonios de las personas perjudicadas.
Para las víctimas no es confiable ni suficiente que las 114 conferencias episcopales desplegadas en todo el mundo, hayan recibido una carta de puño y letra de su Santidad, en la que el prelado explica a los obispos que el objetivo de visitar a las víctimas es que aprendan “de primera mano el sufrimiento que han soportado”.
El pasado 19 de diciembre la fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, aseguró que en el estado casi 700 sacerdotes católicos fueron acusados por abuso sexual contra menores de edad en las últimas décadas en Illinois.
Las diócesis del territorio publicaron los nombres de 185 sacerdotes involucrados en acusaciones serias, pero un examen a sus archivos reveló procesos contra al menos 500 más, apuntó Madigan en un reporte preliminar.
Según la fiscal general, dicha institución no había proporcionado un informe completo y preciso de todos los comportamientos sexuales inapropiados que involucran a los sacerdotes en Illinois.
Actualmente, el problema se investiga también en Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Nebraska y Missouri, entre muchos otros estados.
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