El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó este martes 18 de agosto la detención del venezolano Oswaldo José Pirela Domínguez, integrante del cuerpo técnico de los Padres de San Diego.
De acuerdo con el reporte oficial, el exbeisbolista de 34 años permanecerá bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se concreta su proceso de expulsión del territorio estadounidense.
FACT CHECK: This Venezuelan illegal alien, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, was granted permission by the Obama Administration to remain in our nation until February 10, 2018. In violation of our nation’s laws, he overstayed his welcome by more than 8 YEARS.
NOBODY is above the… https://t.co/gmaNyC8Ktq
— Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2026
Detalles del caso y estatus migratorio
A través de un comunicado emitido en su cuenta de X, el organismo gubernamental precisó los motivos detrás del procedimiento legal contra el técnico originario de Barquisimeto:
Permiso vencido: Pirela había recibido una autorización legal para permanecer en el país durante la administración del expresidente Barack Obama, la cual contaba con fecha de vencimiento fijada para el 10 de febrero de 2018.
Permanencia irregular: Las autoridades señalaron que el entrenador continuó residiendo en EE. UU. durante más de ocho años tras el vencimiento de dicho estatus.
Declaración oficial: “En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de 8 años después de su fecha límite. Nadie está por encima de la ley”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en la red social X.
Detención en Texas y contexto de las medidas migratorias
Según reportes del portal especializado en béisbol Swing Completo, la aprehensión de Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de los Padres de San Diego, se ejecutó por parte de agentes de ICE en las instalaciones del aeropuerto de El Paso, Texas.
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El expelotero venezolano, quien se desempeña dentro del staff de entrenadores de la organización de las Grandes Ligas, fue puesto a disposición judicial en medio del incremento de las acciones de control migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump contra personas que permanecen en el país sin autorización legal vigente.
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