Un tribunal de Estados Unidos suspendió una ejecución federal programada para el próximo lunes 13 de julio y que habría sido la primera en 17 años, a solicitud de familiares de las víctimas del condenado, preocupados por su salud debido a la pandemia.
Determinado a proceder con la ejecución, el Departamento de Justicia avisó que apelaría ante el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito y presentó documentos judiciales pidiendo al juez de distrito que suspendiera la orden en espera de la apelación.
El Séptimo Circuito, con sede en Chicago, incluye a Indiana, que es donde se llevaría a cabo la ejecución en la prisión federal de Terre Haute. El Gobierno planeaba ejecutar el lunes a Daniel Lee, un supremacista blanco sentenciado a muerte en 1999.
Lee, de 47 años y oriundo de Yukon, Oklahoma, fue condenado a morir por inyección letal por el asesinato en 1996 del traficante de armas William Mueller, su esposa, Nancy y su hija de 8 años, Sarah Powell.
Pero los familiares de sus víctimas, incluida la abuela de la niña, Earlene Peterson, de 81 años, acudieron a la justicia para solicitar la postergación de la ejecución. Invocando su vulnerabilidad ante la pandemia, los querellantes explicaron que se enfrentaban a una elección imposible entre su derecho a asistir a los últimos momentos de la persona condenada y las preocupaciones por su salud en caso de aglomeración.
“El Gobierno tiene un interés legítimo en garantizar que la ejecución se lleve a cabo rápidamente“, pero eso viene después del interés de tratar a los familiares de las víctimas “con justicia, respeto y dignidad“, decidió la jueza Jane Magnus-Stinson, de un tribunal federal de Indiana.
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Peterson, una opositora a la pena de muerte, ha pedido reiteradamente al presidente Donald Trump que sea “indulgente” con Daniel Lee, asegurándole que no quiere que lo ejecuten.
Sin embargo, alegando que “actúa en nombre del público y las familias”, la administración republicana ha programado cuatro ejecuciones federales este verano.
En Estados Unidos la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los actos más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares, entre varios estados o en reservas de nativos americanos.
En los últimos 45 años solo tres personas han sido ejecutadas a nivel federal, incluido Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City (168 muertos en 1995) en 2001. La última ejecución federal data de 2003.
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