El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Google no tiene que aplicar a nivel mundial el llamado “derecho al olvido” por el que los internautas pueden solicitarle al buscador que borre contenidos que les afecten negativamente.
Según el portal de noticias BBC Mundo, la empresa solo está obligada a eliminar los enlaces relacionados en sus resultados de búsqueda dentro Europa, y no a nivel mundial, en caso de que un usuario lo solicitara.
El fallo surge luego de una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL, por sus siglas en inglés), un organismo independiente de Francia cuya misión es garantizar que la ley de privacidad se aplique a la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales.
En 2015, la CNIL ordenó a Google que eliminara en todo el mundo la lista de resultados de búsqueda que contuviera información dañina o falsa sobre una persona. Al año siguiente, el buscador tecnológico introdujo una función de bloqueo geográfico que impide que los usuarios europeos puedan ver los enlaces de la lista de búsqueda.
¿Por qué solo en Europa?
Google se resistió a censurar los resultados de búsqueda fuera de Europa por lo que la CNIL pidió que se le impusiera una multa de 109.901 dólares.
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De acuerdo al fallo del Tribunal de Justicia de la UE, actualmente no existe ninguna obligación bajo la ley de la Unión Europea para que un operador de motor de búsqueda, en este caso Google, conceda una solicitud de derecho al olvido hecha por un interesado en todas las versiones de su motor de búsqueda.
Google había argumentado que la obligación de aplicar el llamado derecho al olvido a nivel global podría ser utilizada por gobiernos autoritarios para intentar encubrir abusos de los derechos humanos fuera de Europa.
En un comunicado emitido tras el fallo, la firma destacó que desde 2014 ha trabajado arduamente para implementar el derecho al olvido en Europa y lograr un equilibrio razonable entre los derechos de acceso a la información y la privacidad de las personas.
Google recibió el apoyo de Microsoft, el propietario de Wikipedia, la Fundación Wikimedia, el Comité de Reporteros sin fines de lucro para la Libertad de Prensa y el grupo de campaña de libertad de expresión del Reino Unido, Artículo 19, entre otros.
Ha habido mucho interés en el caso, ya que, si la decisión hubiera sido contraria, podría haber sido visto como un intento por parte de Europa de controlar a un gigante tecnológico estadounidense más allá de las fronteras de la Unión Europea.
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