El fiscal general de Washington, Robert Ferguson junto a su homólogo de Virginia, Mark Herring, encabezan la coalición de 13 estados que han presentado una querella contra la polémica regla migratoria de Trump.
Unas 24 horas antes dos condados californianos acudieron a la alta corte de la entidad en la que interpusieron una demandan similar contra “la nueva regla”, una resolución que al parecer de los demandantes pretende socavar las derechos de los inmigrantes legales en el país.
De acuerdo al fiscal capitalino el mensaje de la administración Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre, no lo eres. Además sostuvo que esa medida no es estadounidense, sino antiinmigrantes e ilegal.
Ferguson, quien encabeza la demanda contra el Gobierno junto a su homólogo de Virginia, Mark Herring, añadió que la regla viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al redefinir la “carga pública” de una manera no relacionada con su significado original y la intención del Congreso.
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El legajo de la demanda introducida en el Superior por trece fiscalías federales, consta de 196 páginas y fue presentado en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Washington, los estados argumentaron que la nueva regla revisa radicalmente la ley federal de inmigración “para convertir un sistema que promueve la movilidad económica entre los inmigrantes en uno que beneficia a los inmigrantes ricos”.
Además de Washington y Virginia, los otros territorios envueltos en la acción legal son Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island.
Los territorios interpusieron la reclamación contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a la norma anunciada el lunes, que ampliará la capacidad del Ejecutivo de negar visas o “green cards” de residencia a personas que sean consideradas una “carga pública”.
De acuerdo a la legislación vigente, ese término se refiere a alguien que recibe cierto tipo de apoyo gubernamental en efectivo, pero ahora se amplía la designación para incluir la dependencia a ayudas como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y la cobertura bajo el programa sanitario Medicaid.
Con la nueva regla, el DHS entenderá como carga pública a alguien que probablemente necesitará beneficios gubernamentales durante más de un año dentro de un periodo de 36 meses, además de medir otros factores como la educación, los ingresos y la salud para determinar si se debe otorgar el estatus legal.
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Esta es la primera demanda contra la regla interpuesta por estados, pues anteriormente la desafiaron los condado de Santa Clara y San Francisco, que presentaron una demanda el martes en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California.
A menos que el sistema de justicia del país la bloquee, la norma deberá entrar en vigor el 15 de agosto y podría reducir la inmigración legal a la mitad al negar las visas y la residencia permanente a cientos de miles de personas.
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