Una mujer con complicaciones en el embarazo necesitaba el permiso de su jefe para visitar al médico. A los voluntarios de salud de la comunidad se les negó la posibilidad de entregar alimentos e información sobre covid en las viviendas de los trabajadores. Una de las trabajadoras agrícolas tuvo una reacción alérgica grave, pero tuvo miedo de buscar tratamiento.
Para Nicole Civita, directora de políticas del grupo de defensa de Colorado, Project Protect Food Systems Workers, estas historias encapsulan una arraigada dinámica de poder que covid-19 ha puesto de manifiesto: los trabajadores agrícolas son “esenciales, pero son tratados como prescindibles”, incluso cuando se trata de acceder a la atención médica.
Su organización es una de las muchas que han apoyado la legislación de Colorado denominada Carta de Derechos de los Trabajadores Agrícolas. Entre sus disposiciones se encuentra el requisito de que los más de 3,000 trabajadores agrícolas de Colorado, que viven en viviendas proporcionadas por el empleador, puedan visitar, o ser visitados, por profesionales médicos y trabajadores sanitarios de la comunidad. Los empleadores también deben proporcionar transporte a las visitas médicas, para aquellos que no tienen vehículos. El proyecto de ley fue aprobado recientemente por la asamblea legislativa y ahora está en manos del gobernador.
Estados como Florida, Maryland, Oregon y Wisconsin han garantizado a los trabajadores agrícolas el derecho a ver a proveedores de atención médica en su lugar de residencia. La pandemia ha llevado a Carolina del Norte a reiterar que los empleadores no pueden prohibir a los proveedores de atención médica que visiten a los trabajadores agrícolas que viven en sus propiedades.
Augusto Basterrechea, que se encarga de la asistencia a los trabajadores agrícolas del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado en el Valle de San Luis, un centro agrícola, dijo que en sus ocho años de trabajo nunca había oído hablar de un trabajador agrícola que no pudiera recibir atención médica, ni siquiera durante la pandemia.
Pero la ex trabajadora agrícola Anita Rodríguez recuerda con claridad una llamada que recibió a las 2 de la madrugada en septiembre, cuando la cosecha estaba en pleno apogeo en la región bordeada por montañas nevadas y conocida por sus cultivos de papas, lechugas y espinacas a gran altitud. Era de un hombre que trabajaba en una granja. “Estaba fuera de sí”.
Tenía el cuerpo cubierto de grandes ronchas rojas y la cara hinchada. Apenas podía abrir los ojos. Quería atención médica, dijo, pero le preocupaba que lo vieran saliendo a escondidas de la vivienda que le proporcionaba su empleador, que está rodeada por una cerca alta, gran parte de ella coronada con alambre de púas. Un capataz vigilaba el campamento y sólo permitía que salieran tres o cuatro trabajadores al día, según contó a Rodríguez, que trabaja como voluntaria en la comunidad y que contó la historia a los legisladores en marzo.
Amy Kunugi, directora general de Southern Colorado Farms, dijo que el alambrado tiene por objeto disuadir de los robos durante la temporada baja, y que la granja nunca ha vigilado las entradas y salidas de los empleados. Sin embargo, los protocolos de covid habían prohibido las visitas a menos que fueran aprobadas por los gerentes, y habían limitado el número de empleados que podían salir para viajes esenciales en un momento dado.
“Estoy sorprendida”, dijo Kunugi, que se enteró de la historia en la audiencia legislativa sobre el proyecto de ley en marzo. Dice que no ha encontrado ningún empleado que conozca la historia. “Siempre llevaríamos a la gente si necesitara atención sanitaria”.
Linda Rossi, de Fresh Harvest, la empresa que recluta trabajadores agrícolas para la granja de Kunugi, añadió: “Es imposible que esta acusación sea cierta, ya que, el año pasado, si alguien llegaba a decir que tenía hipo, lo atendíamos”.
Sin embargo, según Rodríguez, este hombre que tenía una urgencia médica en su día libre se sintió lo suficientemente asustado como para buscar atención urgente y urdió un plan con ella: esperaron hasta más tarde esa mañana, cuando él estaba seguro de que podría salir sin ser visto. Se encontraron en una tienda de todo por un peso cercana, y Rodríguez lo llevó a una clínica de atención urgente en el pueblo vecino.
“Tenía miedo de que lo descubrieran porque no quería perder su visado”, comenta. “Así es como mantiene a su familia”.
Después que el hombre recibiera el tratamiento para su grave reacción alérgica, dijo, regresaron al alojamiento de los trabajadores. El hombre se escondió en su asiento y le pidió a Rodríguez que pasara despacio, para asegurarse que el coche del capataz no estaba fuera. Entonces, dijo, “saltó de mi coche casi volando” y volvió a entrar corriendo.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que la nación tiene 3,2 millones de trabajadores agrícolas, con más de 36,700 en Colorado. A nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo de 2015-16, alrededor del 15% de los trabajadores agrícolas vivían en una vivienda proporcionada por el empleador, y un poco menos de la mitad dijo que tenía seguro de salud. Mientras que alrededor del 40% de los trabajadores encuestados dijeron que no habían utilizado los servicios de atención médica en los Estados Unidos en los dos años anteriores, alrededor del 87% dijo que lo había necesitado.
Cerca de la mitad de los trabajadores agrícolas de esa encuesta eran indocumentados, lo que les hace vulnerables a los abusos e intimidaciones de sus empleadores. Incluso los que tienen visados de trabajo agrícola pueden ver sus movimientos restringidos: La organización internacional de derechos de los migrantes Centro de los Derechos del Migrante descubrió que más de un tercio de los 100 trabajadores encuestados en 2019 informaron que su empleador determinaba cuándo podían salir de su vivienda o lugar de trabajo.
Jenifer Rodríguez, abogada gerente de la organización sin fines de lucro Colorado Legal Services (sin relación con Anita Rodríguez), dijo que, además de las barreras como la falta de seguro médico y el costo del tratamiento, los trabajadores agrícolas son vulnerables a las represalias del empleador.
En los 14 años que lleva representando a trabajadores agrícolas en Colorado, ha hablado, entre otros, de un pastor de rebaño cuyo empleador no lo llevó al médico por lo que resultó ser un tumor cerebral, y de proveedores de atención médica a los que se les impidió entrar en la propiedad de la granja para visitar a los trabajadores, incluso cuando estaban fuera del horario de trabajo. “Hay muchos empleadores que les niegan las visitas”, dijo.
Los agricultores se opusieron a la Ley de Derechos de los Trabajadores Agrícolas, principalmente por su exigencia de pagar horas extra. “La forma en que se presentó, probablemente habría dejado a la mayoría de la industria fuera del negocio. Literalmente”, dijo Marilyn Bay Drake, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Colorado.
Drake dijo que los miembros también se preocupan de que las disposiciones de acceso médico podrían interferir con la capacidad de los productores para seguir la Food Safety Modernization Act (Ley Federal de Modernización de la Seguridad Alimentaria), que incluye requisitos destinados a evitar que los visitantes introduzcan enfermedades transmitidas por alimentos en las granjas.
En la audiencia del Senado estatal celebrada en marzo, algunos agricultores declararon sentirse “avergonzados” y “conmovidos” al escuchar las historias de maltrato a los trabajadores. Harry Strohauer, quien cultiva papas, repitió un estribillo común: “Puede que haya algunas manzanas podridas en nuestro grupo, pero yo no lo veo. Ninguno de nosotros lo ha visto. Creemos que hacemos un buen trabajo. Creemos que cuidamos de nuestra gente”.
Civita, del Proyecto Protect, considera que ese argumento es problemático. “A menudo nos quedamos atascados, cuando tratamos de desmantelar el racismo estructural en la ley, en quién es un buen empleador y quién es un mal empleador”, dijo. “Pero incluso los que se consideran buenos en comparación con los demás están realmente acostumbrados a mantener brechas de poder bastante significativas”.
Civita dijo que esas brechas de poder se institucionalizaron en la década de 1930 con dos leyes federales, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Normas Laborales Justas, que prometieron a los trabajadores un salario mínimo, el pago de horas extra y el derecho a organizarse.
Según una investigación de la Universidad Loyola de Chicago, aunque las medidas incluían originalmente a todos los trabajadores, un grupo de congresistas del Sur presionó para que se excluyeran a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores agrícolas, puestos ocupados entonces principalmente por afroamericanos.
En ese momento, según los registros del Congreso, un representante de Florida dijo: “No se puede poner al negro y al blanco en la misma base y salirse con la suya”.
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Casi un siglo después, los trabajadores agrícolas de 40 estados, incluido Colorado, siguen sin tener derecho a organizarse y sólo un puñado de ellos les garantizan el pago de horas extras. Sólo la mitad de los estados, incluido Colorado, exigen a los empleadores que proporcionen una compensación a los trabajadores por lesiones laborales. Los trabajadores agrícolas también están excluidos de varias normas federales de seguridad -como la seguridad en las escaleras y las protecciones contra caídas- a pesar de que trabajan en un sector que el Departamento de Trabajo considera entre los más peligrosos.
Rodríguez, abogado de los Servicios Legales de Colorado, señala a un trabajador lácteo indocumentado de Colorado que murió recientemente cuando el tractor que conducía cayó en un pozo de estiércol que, al parecer, no tenía barandas. Rodríguez espera que el derecho a organizarse ayude a los trabajadores a abogar por medidas de salud y seguridad para prevenir tales tragedias. “La gente no está dispuesta a dar un paso adelante y hacerlo porque, ya sabes, tienen miedo de perder su trabajo”.
Una trabajadora agrícola, que pidió permanecer en el anonimato porque es indocumentada y teme ser deportada si se revela su identidad, dijo a KHN que llevaba 10 años trabajando para un productor de papas en el Valle de San Luis cuando quedó embarazada.
“Fue entonces cuando todo cambió. Estaban enojados”, dijo en español.
Como vivía en una vivienda proporcionada por el empleador, dijo que tenía que pedir permiso para ir a cada cita médica, incluso cuando empezó a tener complicaciones con el embarazo. “No era justo, pero dependíamos de nuestros trabajos porque vivíamos en una vivienda de la granja”, dijo.
Una mañana de invierno, comenzó el trabajo de parto. Mientras su marido la llevaba al hospital, llamó a su supervisor, que le dijo que la esperaba en el trabajo al mediodía. “Obviamente no pudo. Estuve 12 horas de parto”, se lamentó ella.
Cuando su marido se presentó al día siguiente, lo regañaron por faltar al trabajo. Al cabo de una semana, ambos fueron despedidos. “Nos quedamos sin trabajo, y nos quedamos sin casa con un bebé recién nacido”, contó.
Duda que el nuevo proyecto de ley cambie las condiciones de trabajadores como ella. “Las empresas van a hacer todo lo posible para oponerse. No les importa si tienes problemas, si estás enfermo o si un padre ha muerto. Sólo les interesa el trabajo”.
Por: Esther Honig y Rae Ellen Bichell/KHN
KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.
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