El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos se pronunció este martes 19 de marzo, a favor del estado de Texas al permitir la entrada en vigencia de una ley que otorga a la policía la potestad de detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a al país.
La ley conocida como SB4 podrá aplicarse mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por la Administración Biden y organizaciones pro inmigrantes.
El caso llegó al máximo tribunal estadounidense luego de una batalla legal emprendida por el gobierno de Joe Biden y organizaciones defensoras de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Los demandantes habían pedido al Tribunal Supremo que paralizara la implementación de la legislación mientras se ventilaba el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes 18 de marzo, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera de que el pleno votará sobre esta solicitud.
Pero el martes 19 de marzo los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas y permitieron que la medida entre en vigor mientras se da un fallo final en el caso. La polémica ley migratoria de Texas conocida como SB4, volvió este miércoles 20 de marzo a un tribunal de apelaciones, que deberá decidir si se autoriza o no aplicar la normativa.
Un panel compuesto por tres jueces federales, se dio cita este miércoles para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador Greg Abbott y del Gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de Estados Unidos en la zona fronteriza.
La nueva regla tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México.
A su vez, permite que los jueces del estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano.
La ley SB4, que fue aprobada por la legislatura estatal de Texas el año pasado, ha provocado una avalancha de críticas por parte de organizaciones en defensa de los derechos civiles.
La organización ACLU, quien se unió a la demanda para presionar en contra de la norma, ha denunciado que de ser implementada llevaría a que las autoridades locales actuaran de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.
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La batalla legal por la ley SB4 es el último ejemplo del enfrentamiento entre el gobierno de Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott y el gobierno federal.
Abbott, aliado cercano de Trump, ha acusado a Biden de provocar una “crisis” en la frontera y ha lanzado medidas para restringir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo desde México. Entre ellas, la instalación de kilómetros de alambre de concertina y la militarización de distintas áreas fronterizas con el despliegue de la Guardia Nacional.
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