En fecha reciente el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que incluye, entre otros aspectos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte hasta Florida inmigrantes ilegales y multas a empleadores. El texto para la nueva legislación está ahora en la Cámara de Representantes donde se prevé que también obtendrá el visto bueno.
La nueva normativa cuenta con la anuencia del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
La Cámara alta floridana aprobó con 27 votos a favor y 10 en contra el proyecto que en su redacción final aplica hasta 15 años de prisión a quien transporte hasta Florida a inmigrantes indocumentados, así como multas y revocación de licencias a las empresas que no se aseguren de la legalidad migratoria de todos sus empleados.
“Tenemos una crisis de inmigración ilegal, al punto que la gente lo llama una invasión”, argumentó el senador republicano Blaise Ingoglia, creador del proyecto de ley SB 1718, durante el debate de la medida en el hemiciclo de la Cámara alta, según reseña el portal Florida Politics.
Además, la iniciativa establece la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recabar información sobre el estatus migratorio de sus pacientes e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
“A lo largo de este periodo legislativo, la mayoría parlamentaria ha tratado de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos en su incesante búsqueda para promover las ambiciones políticas del gobernador DeSantis”, refirió a través de un lamentó en un comunicado el director de Políticas Públicas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), David Metellus.
Amenaza latente
Metellus alertó sobre la amenaza que representa la nueva ley para las familias de estatus mixto y los efectos que puede tener en la Sanidad pública de Florida.
En días pasados un grupo de 80 médicos y profesionales de la salud enviaron cartas a los titulares de ambas cámaras del Legislativo estatal, a la senadora Kathleen Passidomo y al congresista Paul Renner, ambos republicanos, con el fin de advertir que la propuesta conlleva un fuerte riesgo de socavar las políticas sanitarias.
La carta afirma que este proyecto de ley, así como otra iniciativa similar emanada de la Cámara baja estatal, disuadirán a las personas de buscar atención médica “por temor a ser atacados o discriminados en función de su estado migratorio”.
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“En un estado donde 1 de cada 5 personas son inmigrantes, las personas menos saludables impactan a comunidades enteras”, alertaron quienes suscribieron la misiva en la que dan como ejemplo el peligro de propagación que supondría un inmigrante contagiado de COVID-19 que por temor se abstenga de buscar atención sanitaria.
El texto recordó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha establecido en una guía las llamadas “áreas protegidas”, las cuales se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias, entre las que figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
“Un hospital no es un lugar apropiado para involucrar a una persona en asuntos privados de inmigración”, manifestaron los firmantes de la carta.
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