La muerte de un segundo niño migrante guatemalteco bajo custodia de las autoridades estadounidenses, es un desafortunado evento que de acuerdo a Human Rights Watch (HRW) “enciende todas las alarmas sobre las políticas migratorias” del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Hace menos de 48 horas la Policía Fronteriza estadounidense informó sobre el deceso de un niño inmigrante de ocho años, originario de Guatemala.
Murió en un hospital del estado de Nuevo México, frontera sur de los Estados Unidos, por causas que aún se desconocen y después de haber sido detenido por cruzar ilegalmente la frontera con México.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), estima que este luctuoso evento es consecuencia de las duras políticas implementadas por Trump: desde la separación de familias inmigrantes en la frontera hasta la restricción al derecho al asilo.
De acuerdo a esta prestigiada ONG con sede en Nueva York, se hace necesaria una “investigación creíble, seria y confiable” tanto sobre la muerte del pequeño como sobre las condiciones en las que son detenidos los menores migrantes.
Vivanco consideró que esa responsabilidad podría ser asumida por el nuevo Congreso, que será instalado en enero.
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En un comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) se conoció que el pequeño murió el día de Navidad, pasada la medianoche en el hospital Gerald Champion Regional, en la ciudad de Alamogordo, que se encuentra en Nuevo México y en el desierto de Chihuahua.
Es el segundo niño guatemalteco que muere este mes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
De acuerdo al hilo narrativo oficial el pequeño fue trasladado para recibir cuidados médicos tras presentar signos de enfermedad. Fue llevado al hospital Gerald Champion Regional en compañía de su padre.
Según el relato sumarial en el hospital los doctores determinaron que el niño sufría un resfriado común; pero, cuando iban a darlo de alta, observaron que tenía fiebre y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, luego, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.
Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital Gerald Champion Regional, donde murió poco después de la medianoche, en el día de Navidad.
La consternación ha tomado el escenario y dolorosamente reaviva el caso de la niña Jakelin Caal Maquín, de 7 años, recientemente inhumada en su natal Guatemala, quien falleció el 8 de diciembre en un hospital infantil de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera con México junto a su padre y dentro de un gran grupo de inmigrantes, que trató de ingresar a EE.UU. a través de una zona desértica de Nuevo México.
El Gobierno guatemalteco fue notificado de la muerte del menor e inmediatamente exigió a las autoridades de EE.UU. una investigación “clara” y en “resguardo” del debido proceso sobre las circunstancias que llevaron al fallecimiento del pequeño, cuyo nombre aún se desconoce.
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