El diálogo en Nicaragua quedó en suspendido luego que la oposición exigió al presidente Daniel Ortega “muestras contundentes” de querer resolver la crisis que vive el país, liberando a los presos políticos y cesando la represión.
La delegación opositora “retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis”, informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en un comunicado.
La oposición condicionó su regreso a las conversaciones con el gobierno iniciadas el 27 de febrero a la “libertad de presos políticos” y el “cese de la represión y los secuestros” contra las personas que participaron en las protestas contra Ortega el año pasado.
Asimismo, exigen el “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos” y “el respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes” y que les brinden asistencia médica, señala la declaración.
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Son al menos 335 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados los que reclama la alianza ciudadana de oposición, que asegura fueron víctimas de la represión de Ortega a las protestas que estallaron en abril del año pasado contra su gobierno que lleva 12 años en el poder.
La alianza, integrada por representantes de los empresarios, estudiantes y organizaciones civiles, tomó la decisión tras el rechazo de la jerarquía católica de participar en el diálogo. La oposición dijo que reconsideraría su regreso a la mesa, dejando el diálogo en un “impasse”.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, reiteró el domingo que no reconsideraran su salida del diálogo. “Cuando tomamos decisiones no la tomamos alocadas, son reflexionadas, compartidas”, afirmó el líder religioso.
Esto teniendo en cuenta que la Iglesia intentó mediar en mayo pasado un diálogo entre gobierno y la oposición en medio de las violentas protestas, pero el esfuerzo fracasó un mes después debido a la represión gubernamental.
La decisión de la ACJD también se dio a conocer luego de que Ortega publicara este sábado su agenda de discusión, en la que descarta adelantar las elecciones de 2021, una de las principales demandas de sus adversarios.
Aunque el gobierno ofreció fortalecer el sistema electoral (actualmente en manos del oficialismo), mediante una reforma con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), y liberar a los opositores que aún no han sido juzgados, en el caso de los manifestantes que ya han sido procesados por delitos atribuidos a su participación en las protestas, el gobierno ofrece revisar “sus expedientes” para evitar “impunidad”, según el texto.
El presidente pide también suspender las sanciones internacionales contra Nicaragua, en alusión a una ley aprobada por Estados Unidos en diciembre que limita el acceso de Managua a créditos multilaterales y posibles sanciones de la Unión Europea.
Está previsto que una delegación de la OEA, encabezada por Luis Ángel Rosadilla, llegue a Nicaragua para analizar su eventual participación en el diálogo y, en ese caso, ayudar a que las dos partes retomen conversaciones, según informó el gobierno.
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