Decenas de niños residentes en Florida se preparan para abandonar Estados Unidos rumbo a Guatemala y otros países de Latinoamérica, luego de que sus padres o tutores fueran detenidos o deportados en medio del endurecimiento de las políticas migratorias aplicadas por la Administración de Donald Trump. El Guatemalan-Maya Center, con sede en Lake Worth Beach (Palm Beach), acompaña actualmente a al menos 58 menores, de entre tres y quince años, en procesos de reunificación familiar fuera del país.
Según informó el Miami Herald, siete de esos niños viajaron la semana pasada desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Guatemala. Tres de ellos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, mientras que los otros cuatro crecieron en Lake Worth Beach, una comunidad con una numerosa población guatemalteca y profundamente afectada por los operativos de detención.
“Separar a un niño de sus padres no es una lección para nadie, no hay ganadores en esto. Los únicos perdedores son los niños”, señaló al diario Diego Serrato, voluntario del Guatemalan-Maya Center, que desde hace meses registra un aumento significativo de casos de familias fracturadas por deportaciones aceleradas.
Además de los menores que ya preparan su salida, la organización ha tramitado poderes notariales para otros 200 niños cuyos padres temen una detención inminente. El objetivo es garantizar que puedan ser cuidados temporalmente por familiares o tutores designados mientras se resuelven sus situaciones migratorias.
Políticas migratorias más duras en Florida
La situación se da en un contexto de refuerzo de las medidas antiinmigración en Florida y en buena parte del país. Durante el actual mandato de Trump, el gobierno federal ha intensificado las operaciones de ICE y ha promovido una colaboración más estrecha con autoridades estatales y locales.
En Florida, medidas como la aplicación estricta de la ley SB 168 —que prohíbe a jurisdicciones locales adoptar políticas santuario— y acuerdos ampliados para transferir a detenidos directamente a custodias federales han provocado un incremento visible en arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales. Lake Worth Beach, ubicado a solo 11 kilómetros al sur de Mar-a-Lago, residencia del Presidente, es uno de los puntos donde organizaciones comunitarias denuncian mayor presencia de agentes federales y operativos dirigidos.
Además, activistas reportan que las redadas se realizan con poca advertencia y en espacios públicos como estacionamientos, zonas escolares y lugares de trabajo. Estas acciones generan un clima de temor en comunidades migrantes, donde miles de niños viven con al menos un familiar indocumentado.
Niñez en riesgo
El impacto en la infancia es profundo. Un informe del American Immigration Council (AIC) estima que, para 2018, 4,4 millones de niños ciudadanos estadounidenses menores de 18 años vivían con un padre indocumentado, y otros 6,1 millones compartían su hogar con algún familiar sin estatus legal, lo que los coloca en una situación particularmente vulnerable.
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Organizaciones humanitarias advierten que la separación familiar provoca efectos inmediatos y duraderos: ansiedad, depresión, problemas de aprendizaje, estrés tóxico, además de inestabilidad económica. Estudios citados por distintas entidades señalan que la deportación de un miembro que sostiene económicamente el hogar puede causar caídas de entre 40% y 90% en el ingreso familiar durante los meses posteriores.
Mientras continúan las deportaciones, el Guatemalan-Maya Center y otras organizaciones comunitarias intentan mitigar el impacto en los niños, aunque reconocen que se trata apenas de un paliativo ante un escenario que, aseguran, seguirá agravándose si persisten las políticas actuales.
































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