La Corte Suprema volvió a autorizar el viernes al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión.
El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre el fondo de este caso en septiembre.
El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.
El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, suspende hasta nueva orden de su parte, o de una corte de apelaciones federal, la decisión del tribunal californiano, limitándose a reafirmar que las razones que justificaron su fallo en mayo siguen siendo válidas.
El auto de los magistrados es sucinto. En él, los tres jueces progresistas de los nueve que conforman la corte, expresaron su desacuerdo de forma más explayada.
Una de ellas, Ketanji Brown Jackson, reprocha a sus colegas de la mayoría conservadora por dar una vez más prioridad a la emergencia invocada por el gobierno de Trump sobre el interés de las personas afectadas y sobre las conclusiones de los tribunales inferiores.
“Una vez más, utilizamos nuestro poder de arbitraje para permitir que este gobierno perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”, escribió.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad absoluta de su mandato, mencionando una “invasión” de los Estados Unidos por “criminales provenientes del extranjero”.
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Durante el anterior gobierno de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden, entraron en el país una cifra récord de indocumentados a través de la frontera sur con México, que algunos expertos cifran en cerca de 10 millones de personas.
El programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales, incluso por parte de la Corte Suprema, principalmente con el argumento de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.
El TPS fue otorgado en gran medida a los venezolanos bajo el mandato de Biden, ya que Washington considera al Venezuela de Nicolás Maduro como un régimen autoritario.
El pulso en torno al TPS afecta a otras nacionalidades, como los hondureños, nicaragüenses y nepaleses, que también se acogen a este estatuto.
Una juez federal bloqueó hasta noviembre la decisión final en este caso.
El TPS supone un desaire diplomático, ya que ese país pasa a ser considerado, a ojos de Estados Unidos, como peligroso para esos propios ciudadanos que quieren una mejor vida.
A pesar de ello, Maduro criticó en mayo la decisión de Trump de quitarles la protección a los venezolanos, ya que era una “protección mínima” que tenían en Estados Unidos, a su juicio.
Por: AFP
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