Proteger las disposiciones en las que se firmó el Acuerdo Flores en 1997 es la razón para que un total de 19 estados interpusieran una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump.
Las querellas sobre estos asuntos contra la administración Trump cada semana van en aumento y su punto de honor está en evitar el maltrato a los niños inmigrantes detenidos en centros fronterizos que podría sufrir a discreción gubernamental encierros prolongados.
El Acuerdo Flores establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, premisa que quedó modificada tras una nueva regulación dada a conocer la semana pasada.
Xavier Becerra, el fiscal general de California, dijo en una conferencia de prensa en Sacramento para presentar la demanda que “ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad”, y se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar”.
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“Estamos llevando a la Administración Trump a los tribunales para proteger a los niños del daño irreparable causado por la detención ilegal e innecesaria”, agregó el procurador de este estado, que lidera la demanda junto a Massachusetts.
La acción legal, presentada en el tribunal del Distrito Central de California, argumenta que la regulación dada a conocer el pasado miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina varias protecciones garantizadas por el Acuerdo Flores, entre ellas la detención prolongada de menores y con el consecuente efecto en las comunidades que los reciben tras su liberación.
Gavin Newsom, el gobernador de California, dijo que “una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica”.
“California protegerá el bienestar y la seguridad de todos los niños, independientemente de su procedencia o del color de su piel”, subrayó Newsom en la rueda de prensa.
Las cortes californianas conocen bien del tema desde la década de los 80, cuando se presentó en Los Ángeles el litigio que culminó en el federal Acuerdo Flores firmado por el entonces presidente Bill Clinton.
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Al presentar el plan el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, dijo que los efectos del acuerdo debían haber durado unos cinco años y que la futura medida, que se prevé entre en efecto a fines de octubre, “elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños”.
La querella, sin embargo, alega que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños, debido a que socava los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los niños.
El anuncio del pasado miércoles del Gobierno llegó tras varias derrotas en los tribunales federales en torno al Acuerdo Flores.
La más reciente de ellas se dio el pasado 15 de agosto, cuando un panel del Noveno Circuito de Apelaciones federal señaló que el Gobierno debe garantizar las condiciones de limpieza y seguridad de los menores.
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