Las recientes redadas migratorias en sitios de construcción de Florida, Luisiana y otros estados han encendido las alarmas en la industria de la construcción en los Estados Unidos, una de las más dependientes de la mano de obra inmigrante.
La detención de más de un centenar de migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en Tallahassee, la capital de Florida, la semana pasada, se suma a otros operativos similares que generan temor entre los trabajadores, muchos de los cuales optan por no presentarse a sus labores por miedo a ser deportados, según reportaron varios diarios locales.
“Nosotros, los latinos, somos los que sacamos este país adelante”, expresó Aarón Pineda, un hondureño con Estatus de Protección Temporal (TPS) que trabaja en Miami. Este hombre, como muchos otros obreros, teme que las políticas de deportación masiva del presidente republicano Donald Trump, afecten de forma directa su sustento.
Las cifras son contundentes: uno de cada cuatro trabajadores del sector de la construcción en Estados Unidos es inmigrante, y en ciudades como Miami esa proporción sube al 75%, de acuerdo con lo estimado por Ned Murray, experto en vivienda y director asociado del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Él dice que en todo el estado de Florida, 432.100 migrantes se desempeñan en la industria de la construcción, lo que representa dos tercios de su fuerza laboral.
“La construcción es tal vez la industria que estaría más lastimada por las deportaciones”, afirmó Murray, quien también alertó que estas medidas pueden agravar aún más la crisis de vivienda que afecta a Florida desde 2018 y que se intensificó con la pandemia, al atraer a miles de nuevos residentes de otras partes del país.
El déficit de viviendas
Estados Unidos enfrenta un déficit de 3,7 millones de viviendas, lo que mantiene los precios de venta y alquiler en niveles récord. Solo en 2025 se necesitarán 454.000 nuevos trabajadores para cubrir la demanda del sector, según un estudio del Urban Institute.
La nueva meta de la Administración Trump de sumar 3.000 deportaciones diarias lo que pone en riego particularmente al sector de la construcción, en el que el 25,7% de los trabajadores son inmigrantes y un 14,1% del total son indocumentados a nivel nacional, según el American Immigration Council.
En el caso de cumplirse en su totalidad los planes del presidente Trump, el país podría perder hasta 1,8 millones de empleados constructores.
La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) ha denunciado estas redadas por crear “un clima de persecución” y por poner en peligro proyectos de infraestructura esenciales. Tras ser consultado por periodistas de diarios locales, Thomas Kennedy, consultor de FLIC, ha señalado: “Si espantamos a la gente que está dispuesta a hacer este trabajo bajo el sol de Florida, no sé cómo vamos a poder seguir construyendo”.
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Pese a las advertencias, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general del estado, James Uthmeier, han defendido los operativos y su colaboración con la Administración Trump. “En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a implementar la ley inmigratoria federal”, afirmó Uthmeier tras la redada en Tallahassee.
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