Saqueos e incendios de locales comerciales en Santiago y violentos disturbios en Valparaiso y Antofagasta se produjeron el jueves 21 de noviembre en Chile, recrudeciendo la crisis que golpea el país suramericano, mientras el Gobierno de Sebastián Piñera rechazó un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos durante las protestas que han dejado saldo de 22 muertos.
En Santiago una protesta en las afueras del centro comercial Arauco, al norte de la ciudad, por supuestas “torturas” a menores de parte de policías, derivó en el saqueo de algunas tiendas que luego fueron incendiadas, informaron las autoridades.
Los bomberos combatieron el fuego pese a la oposición de los furiosos manifestantes quienes deseaban que el siniestro consumiera el centro comercial. Las protestas también se registraron en Plaza Italia, en el centro de Santiago, donde miles de personas se reúnen casi a diario para manifestar. Decenas de encapuchados se enfrentaron en esta jornada con la Policía que los reprimió con gas lacrimógeno y carros lanza agua.
La violencia se extendió a otras ciudades como Antofagasta, en el norte del país, donde un conductor atropelló a un grupo de personas que realizaban una protesta y luego huyó en medio de gritos e insultos de los manifestantes que lo persiguieron para capturarlo, según imágenes difundidas por la televisión local. Saqueos a comercios y disturbios también se registraron en Valparaíso y Concepción (al sur).
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En tanto, el Gobierno rechazó “categóricamente” y tildó de “irresponsable” el duro informe publicado por AI sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes.
La organización, con sede en Reino Unido, acusó este jueves tanto al Ejército como a los Carabineros (Policía chilena) de cometer “ataques generalizados” y hacer un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza contra los manifestantes para “desincentivar” la protesta.
En un documento con las principales conclusiones luego de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.
El propio presidente Piñera reconoció por primera vez el domingo que hubo abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en algunos casos puntuales y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables.
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