El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó tres proyectos de ley diseñados para enfrentar la inmigración irregular e insistió en su intención de reforzar la frontera para aplacar el predecible arribo de una “oleada” de migrantes haitianos.
El mandatario floridano insistió en el despliegue de más de 250 efectivos de dependencias estatales al sur del estado y los cayos, y refirió que desde enero de 2023 fuerzas estatales han colaborado con la Guardia Costera en la detención de 670 embarcaciones con 13.500 inmigrantes ilegales a bordo.
“No podemos permitir que extranjeros ilegales vengan a Florida”, dijo DeSantis en un comunicado difundido por su oficina, en el que recalcó que desde hace un tiempo este sureño estado ya ha dedicado “importantes recursos a combatir las embarcaciones ilegales” que llegan desde países como Haití.
Last year, I signed the toughest anti-illegal immigration legislation in the country. Today, I signed three more bills to build on the work we have done to protect Floridians from the impacts of the border crisis. pic.twitter.com/oZHpYvyzFR
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 15, 2024
“Tenemos mucha más capacidad para detenerlos en el mar”, acotó luego el gobernador en el marco de una conferencia de prensa en la que también dijo que la idea es “devolverlos” antes de que pisen tierra en suelo estadounidense.
El anuncio del gobernador fue objeto de críticas por parte de organizaciones civiles del sur de Florida donde se encuentra la comunidad de haitianos más grande en Estados Unidos, quienes ante la crisis que enfrenta la nación caribeña solicitaron una “respuesta compasiva” y no una “militarización” de la frontera.
En días pasados el gobernador firmó tres proyectos de ley con los que busca frenar la inmigración irregular, uno de los cuales prohíbe a los gobiernos locales aceptar como documentos de identidad las llamadas tarjetas comunitarias, muy usadas por los extranjeros sin documentos.
Otro proyecto, el HB 1589, aumenta las sanciones por conducir sin una licencia válida y establece penas de al menos 10 días de cárcel para los reincidentes, una medida que servirá como “un elemento disuasorio para la inmigración irregular en el estado de Florida”, dijo DeSantis.
Illegal immigrants flout our laws because the federal government won’t enforce them. There are many cases of illegal aliens committing a crime, getting deported, returning, and re-offending. This should never happen.
I’m signing SB 1036 to increase the classification of a crime… pic.twitter.com/RmLPkk9uHV
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 15, 2024
Asimismo, el SB 1036 amplía las penas a un individuo que haya cometido un delito y había sido deportado, además de reforzar las penas para quienes brinden apoyo a los cárteles de la droga.
Profundas implicaciones en Miami-Dade
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, solicitó al presidente Joe Biden, una coordinación “multiagencia” para abordar la actual crisis política en Haití, en vista de sus “profundas implicaciones” para este condado floridano donde reside la mayor comunidad haitiana de Estados Unidos.
“La actual crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití tiene profundas implicaciones para el condado de Miami-Dade debido a nuestra importante comunidad haitiana y nuestra proximidad a la isla”, precisó la alcaldesa en la carta enviada con copia al secretario de Estado, Antony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
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El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien gobierna de forma interina desde julio de 2021 tras el asesinato del mandatario Jovenel Moïïse, renuncio y se marchó a Puerto Rico ante la escalada de violencia en Haití y las presiones para que renunciara.
El incremento de la violencia por parte de bandas delictivas en Haití se acentuó el 28 de febrero tras conocerse que Henry se había comprometido a celebrar elecciones antes de finales de agosto de 2025, aunque conforme a un acuerdo de 2022, debía haber abandonado el poder el pasado 7 de febrero.
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