Con un proyecto de ley cuyo objetivo es eliminar el requisito de estatus legal migratorio para el otorgamiento de licencias de conducir en Florida, un par de congresistas de este estado quieren facilitar el acceso a ese vital documento a unos 680.000 indocumentados en edad de conducir.
La senadora Tina Polsky y el representante Carlos Guillermo Smith fueron quienes presentaron la iniciativa que incluye las licencias de conducir y tarjetas de identidad expedidas por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV).
Este proyecto “elimina la disposición que autoriza al DHSMV a exigir a los solicitantes que presenten documentos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos”.
Asimismo autoriza documentos anexos emitidos por Gobiernos extranjeros a los fines de “satisfacer los requisitos de prueba de identidad” y impide al DHSMV divulgar información de los solicitantes a las autoridades de inmigración.
El Florida Policy Institute (FPI) calcula que en este estado existen 680.000 inmigrantes en edad de conducir que son indocumentados y que además tienen la capacidad de pagar un seguro de automóvil y ser conductores seguros.
De acuerdo con esta organización, durante más de 10 años muchas entidades e individuos en Florida, incluidos propietarios de negocios, fuerzas policiales, organizaciones sin fines de lucro y líderes religiosos, han presionado a favor de lograr una política de licencia de conducir “inclusiva”.
En Estados Unidos un total de 16 estados y la ciudad de Washington han decretado leyes de licencias de conducir para indocumentados. De acuerdo con el FPI, Florida afronta un déficit de ingresos de 5.600 millones de dólares a raíz de la COVID-19 y por esa razón las políticas que generen ingresos estatales ahora son más cruciales que nunca.
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Una indagación de la misma organización explica que si se aprueba el otorgamiento de licencias de conducir para indocumentados, aproximadamente 85.000 vehículos serían adquiridos por estos inmigrantes lo que generaría impuestos de compra y registro.
Lo expuesto significaría ingresos por más de 68 millones de dólares en los primeros tres años de implementación, según el FPI. El mismo estudio indica que Florida es uno de los cinco estados del país que en conjunto, albergan a más de la mitad de los inmigrantes estadounidenses indocumentados.
Dice además que cualquier legislación sobre licencias de conducir debe contener “estrictas medidas de confidencialidad para evitar que los funcionarios compartan automáticamente la información de identificación con las autoridades federales de inmigración”.
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