La clase política chilena enfrenta uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990 tras una ola de protestas que comenzó el jueves 17 de octubre. Durante los días de emergencia, mientras las autoridades intentaban dar señales de unidad para calmar la crisis, las protestas no cesaron. El Ejecutivo confirmó el martes al menos 15 personas muertas desde que comenzaran los altercados violentos en el país suramericano.
El despliegue de miles de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que mantiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos.
La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (1,17 dólares aproximadamente).
A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, pero la situación fue agravándose a partir del viernes 18 de octubre cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.
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Ante la situación el Gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron toque de queda la tarde del sábado 19 de octubre.
El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”. Pero las protestas continuaron y los manifestantes ahora pedían la caída de todo el Gobierno.
Pero, a qué se debe esa violencia desbordada. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la “punta del iceberg” de los problemas que están aquejando a los chilenos, según reseñó la BBC en un reportaje de investigación sobre el caso.
La palabra “desigualdad” se apoderó del debate en los últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país suramericano es desmedida.
Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301 mil pesos (423 dólares) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400 mil pesos (562 dólares) al mes.
Los manifestantes alegan que con ese salario, un aumento en el pasaje del metro es inconcebible, más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más costosos en función al ingreso medio.
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