Los diputados republicanos en la Legislatura del estado de Florida dieron un primer paso para prohibir tanto a las ciudades como a los condados aceptar tarjetas de identificación “comunitarias” emitidas a los inmigrantes indocumentados.
El senador de Florida, Blaise Ingoglia, propuso un nuevo proyecto de ley orientado hacia el objetivo, el cual ya logró en días pasados una primera aprobación en uno de los comités y se une así a varias leyes antiinmigrantes impulsadas durante los últimos años por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, quien hasta el pasado 20 de enero aspiraba, en elecciones primarias, a la nominación de su partido este año a la Presidencia de Estados unidos.
En algunas zonas del estado, las referidas tarjetas de identificación “comunitarias” han ayudado a los inmigrantes en Florida a poder matricular a sus hijos en las escuelas o por ejemplo interactuar con las autoridades policiales, como único medio de identificación que poseen.
Sin embargo, para el senador Ingoglia se tratan de tarjetas de identificacion que atraen a otros inmigrantes indocumentados desde otros estados del país hacia Florida.
De acuerdo con el legislador republicano estas tarjetas de identificación “comunitarias” no se deben aceptar porque fueron expedidas a sabiendas de que “estas personas (que poseen el documento), no están presentes legalmente en los Estados Unidos”.
El gobernador Ron DeSantis y el Congreso de Florida, de mayoría republicana, han impulsado un paquete de medidas que han sido consideradas por grupos civiles y humanitarios como normativas antiinmigrantes.
Temor a ser inmigrante en Florida
El año pasado el gobernador republicano firmó la ley SB1718, considerada una de las iniciativas migratorias más estrictas de Estados Unidos y vista por muchos como un arma política que lo afianzaría en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano, que finalmente abandonó para dar paso a las aspiraciones del ex presidente Donald Trump.
La SB1718, que entró en vigencia en julio del año pasado, instituye que las empresas con más de 25 trabajadores deben usar el programa E-Verify, un polémico sistema federal que revisa el estatus migratorio de los empleados y que desde su implementación en el marco de esa ley estatal ha llevado a muchas compañías en el estado de Florida a tener que despedir a muchos trabajadores.
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Dicha legislación también penaliza hasta con 15 años de cárcel a quien transporte a indocumentados a Florida, aun cuando se trate de familiares, compañeros de trabajo o allegados.
De igual modo, las licencias de conducir para indocumentados emitidas en otros estados ya no son válidas en el estado de Florida, y ahora los hospitales y centros médicos deben preguntar a los pacientes por el estatus migratorio que poseen, lo que ha generado entre los indocumentados temor de ir al médico.
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