Entre las “cuatro o cinco cosas” que el presidente de Estados Unidos está considerando para incluir la pregunta de ciudadanía en el censo de 2020, está el imponer la interrogante por la vía de un decreto ejecutivo.
Antes de partir hacia Bedminster, Nueva Jersey, para pasar el fin de semana en uno de sus clubes de golf, Donald Trump compartió con la prensa que está valorando decretar a través de una orden ejecutiva la inclusión de la polémica pregunta sobre la ciudadanía en el censo de la población de EE.UU. de 2020.
“Estamos trabajando en muchas cosas, incluyendo una orden ejecutiva”, dijo.
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En torno a la estrategia para imponer lo que hasta ahora ha sido negado por el Tribunal Supremo de Justicia, Donald Trump en conjunto con el fiscal general William Barr, tienen un abanico de soluciones.
El Jefe de la Casa Blanca dijo que podría hacer una adición. “Podríamos comenzar la impresión (de los formularios del censo) ahora y hacer un apéndice después de que tomemos una decisión”, argumentó.
Estas declaraciones llegan dos días después de que Trump prometiera “seguir adelante” con sus planes de introducir una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del censo del próximo año.
Esta decisión genera muchas contradicciones en la estructura gubernamental que está de cara al escrutinio público. Es determinante que el Departamento de Justicia como el de Comercio, del que depende el censo, anunciaron que comenzarían a imprimir los formularios para el censo sin la pregunta sobre ciudadanía, después de que el Tribunal Supremo fallase la semana pasada en contra de la intención del Gobierno de incluirla.
El argumento para el fallo de la alta corte en contra de la incorporación de la pregunta al formulario del censo estuvo sustentado en que el Gobierno no dio una razón adecuada para agregarla, pero dejó abierta la posibilidad a estudiar nuevos argumentos.
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Esa decisión irritó enormemente a Trump, quien preguntó a sus abogados si era posible retrasar la realización del censo, un sondeo de la población que se lleva a cabo cada diez años y que se desarrolló por última vez en 2010.
La Casa Blanca sostiene que la pregunta es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición y diversas organizaciones temían que intimidara a los inmigrantes indocumentados y provocara una disminución de la participación en esa encuesta masiva de la población.