La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que establece la obligación de todas las autoridades eclesiásticas de denunciar ante la Justicia civil cualquier ilícito contra menores o adultos vulnerables, tras los casos de abusos sexuales ocultados en el seno de la Iglesia Católica.
La determinación de la Cámara Baja tendrá que ser ratificada en el Senado en el segundo trámite legislativo antes de que sea enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Este “perfeccionamiento” legal pasó a votación después de varios años de denuncias contra personas relacionadas con el clero chileno por abusos sexuales a menores o adultos que nunca llegaron a manos de la Justicia civil.
Este proyecto busca ampliar el espectro de personas que están obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos “cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección”.
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Particularmente, “las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia”.
En ese sentido, la obligación también se amplió a directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole.
El proyecto que se aprobó por unanimidad en la votación general, determina además que cuando se incumpla esta normativa propuesta los responsables de haber tenido que realizar la denuncia podrán recibir las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite.
La Conferencia Episcopal de Chile publicó en agosto pasado una lista con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados por la Justicia civil o la canónica por abusos sexuales a menores.
La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 219 religiosos chilenos en 158 casos de abusos sexuales contra 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad en el momento de los hechos.
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