Un tribunal de Panamá ordenó este miércoles la excarcelación del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli (2009-2014), procesado por espionaje político y peculado, y dictó su arresto domiciliario y la prohibición de salir del territorio nacional.
“Se ha ordenado depósito domiciliario durante el juicio, no debe dar declaraciones a los medios, impedimento de salida del país y que entregue el pasaporte”, anunció a los periodistas a las puertas de la sede del tribunal el abogado del expresidente, Alfredo Vallarino.
Otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que “de inmediato” Martinelli dejaría la cárcel El Renacer, ubicada en las afueras de la capital y en la que fue recluido el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentarse al juicio por el conocido como el caso de los “pinchazos”.
“La justicia tarda pero llega”, destacó Carrillo a los periodistas, y agregó que la decisión del tribunal es un primer paso en el camino correcto, que no se haya violado el estado o presunción de inocencia de Martinelli.
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El abogado anunció que la defensa apelará algunas de las medidas cautelares dictadas este miércoles, entre ellas la del arresto domiciliario por considerar que son “excesivas”.
El Órgano Judicial informó a través de su cuenta de Twitter que tanto la defensa del expresidente como los querellantes “anuncian apelación que será el 14 de junio”.
Martinelli se encontraba visiblemente emocionado tras la decisión de los jueces, según se le pudo ver a través de las puertas de vidrio de la antesala del tribunal.
Los jueces que constituyen el tribunal de juicio, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, deliberaron unas 11 horas para llegar a la decisión de excarcelar al ex presidente.
La defensa hizo la petición de excarcelación el martes con el argumento de que la ley de Panamá establece que una persona no pueda estar en detención preventiva más de un año, que es el tiempo que ya cumplió en prisión Martinelli.
Ante la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por los abogados defensores, el Ministerio Público representado por el fiscal Ricaurte González, sostuvo que la detención aplicada a Martinelli era proporcional a los riesgos procesales que mantiene, entre ellos el peligro de fuga.
La Fiscalía siempre ha alegado que Martinelli se fue de Panamá en el 2015 y solo regresó extraditado por Estados Unidos, donde también estuvo un año preso batallando contra su entrega a la Justicia panameña.
Con el alegato del peligro de fuga, ya la Justicia de Panamá había negado en cinco ocasiones el cambio de medida cautelar a Martinelli, cuya defensa la había pedido en esos casos con el argumentado principal del cuadro de salud del ex mandatario, que padece una serie de dolencias crónicas como hipertensión.
El expresidente, de 67 años, se declaró inocente de los cuatro cargos de los que es acusado por la Fiscalía que pide 21 años de cárcel. También dice que es víctima de una persecución política dirigida por su sucesor en la presidencia y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, quien niega esa versión.
El caso de las escuchas lo abrió el Supremo tribunal panameño en junio de 2015 porque Martinelli era para entonces diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y por el fuero que ese cargo imponía, el máximo tribunal era el único que podía investigarlo.
Pero el político renunció al Parlacen apenas llegó extraditado a Panamá y su defensa consiguió en diciembre de 2018 que la causa pasara a un tribunal ordinario, lo que alargó el proceso.
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