Un tribunal estatal en el estado de Florida dio un paso judicial relevante al autorizar una orden de captura contra el exmandatario cubano Raúl Castro. La decisión fue tomada por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial, Ariana Fajardo Orshan, tras determinarse que existen elementos probatorios suficientes para imputarle el delito de conspiración para cometer asesinatos en primer grado, según dio a conocer el diario Miami Herald.
La medida judicial se relaciona directamente con los trágicos acontecimientos acaecidos el 24 de febrero de 1996, fecha en la que dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas de la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea Revolucionaria de Cuba.
En aquel incidente perdieron la vida cuatro ocupantes, entre los cuales se encontraban tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense y un residente legal permanente en los Estados Unidos. En el periodo en que ocurrieron estos hechos, Castro ejercía el cargo de máximo jefe de las Fuerzas Armadas del país caribeño.
Detalles de la operación y antecedentes del proceso
De acuerdo con el diario Miami Herald, las investigaciones que respaldan el expediente judicial revelan una compleja red de inteligencia que operaba desde territorio estadounidense.
Una declaración jurada presentada ante el tribunal expone que agentes encubiertos del gobierno cubano lograron filtrarse dentro de la agrupación Hermanos al Rescate, cuyo objetivo principal en Miami era prestar ayuda a las personas que huían de la isla.
Estos informantes recopilaron detalles operativos sobre las rutas de vuelo del grupo y vigilaron instalaciones militares estratégicas, como la base aérea naval ubicada en Cayo Hueso, para posteriormente transmitir esa información sensible a las autoridades en La Habana.
El expediente señala además que la red de espionaje alertó con antelación a sus integrantes para que evitaran abordar las aeronaves entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de los infiltrados abandonó el territorio de Florida y retornó a la isla justo un día antes de que las avionetas fueran destruidas.
Para las autoridades judiciales estatales, el intercambio de datos de vuelo desde suelo floridano y el seguimiento a la base militar constituyen causa suficiente para sostener que existió una conspiración coordinada desde dicho estado.
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Existe una discrepancia histórica sobre la ubicación geográfica del suceso. Mientras que el gobierno cubano afirmó en su momento que las aeronaves sobrevolaban espacio aéreo bajo su jurisdicción, tanto investigaciones de los Estados Unidos como de las Naciones Unidas concluyeron de forma independiente que el ataque se produjo en aguas internacionales.
El proceso judicial en el estado de Florida cobra impulso tras la apertura de una investigación penal en el mes de marzo enfocada en la responsabilidad de Castro en las muertes.
Adicionalmente, durante el mes de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó formalmente cargos por conspiración para matar y asesinato contra el ex líder cubano, de 95 años de edad, consolidando los reclamos de rendición de cuentas formulados por la fiscalía estatal frente a los sucesos de 1996.
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