Un juez severo podría sentenciar hasta seis años de prisión a las personas que en los Estados Unidos se lancen a la aventura de obtener por la vía del fraude una “green card” e incluso una licencia de conducir, por lo que los especialistas y defensores de derechos civiles de manera enfática desalientan esa práctica.
Al parecer los datos que maneja la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) describen un incremento en la detención de personas con “papeles falsos”. Asimismo el número de procesamientos de delincuentes dedicados al suministro de identidades fraudulentas también está en auge.
El castigo de la deportación es una sanción muy dura para aquellos que no son delincuentes y que solo desean permanecer en el país trabajando, pero acudir al “canal criminal” para obtener documentación falsa los transforma en delincuentes y ya pasan a ser casos indefendibles a los ojos de las ONG que luchan por los derechos de los inmigrantes.
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En los Estados Unidos y en cualquier país que tome en serio su legislación bajo la temática de la migración, los atajos para acceder a permisos de trabajos y a ejercer una vida ciudadana son sumamente peligrosos.
Cuáles son los delitos
Además de la pena, los detenidos tendrán que pasar por el drama del proceso de estar retenidos en un centro penitenciario a la espera de una audiencia donde se le llevará un caso que involucra falsa personificación de un ciudadano de los Estados Unidos; falsa declaración o reclamo de ciudadanía para obtener un beneficio federal o estatal de empleo; fraude y actividad relacionada en relación con la identificación características e información de autenticación de documentos y robo de identidad con reconocimiento.
Algunos de los datos de este trabajo han sido obtenidos de medios hispanos que hacen vida empresarial en Los Ángeles, California. De acuerdo a informaciones esparcidas por toda la red de la Ciudad de Las Estrellas, el parque MacArthur es el epicentro del comercio de las tarjetas laminadas en esta ciudad.
El área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza investigaciones para detectar este tipo de fraudes que ponen a imigrantes en la ruta directa a la deportación. Aquellas personas que ofrecen los documentos enfrentarían castigos penales.
De acuerdo a trabajos reporteriles divulgados en la WWW, un juego de documentos (una tarjeta del Seguro Social y una green card o tarjeta de residencia permanente) puede obtenerse por entre 80 y 200 dólares. El precio varía según el poder de negociación del cliente y la calidad de la falsificación.
Los inmigrantes sin documentos saben que vale la pena invertir en papeles falsos, puesto que estos abren la posibilidad de obtener empleo en restaurantes, hoteles y muchos otros establecimientos aquí, en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y en otras más.
Sin embargo en una reciente investigación reportada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) permitió la detención de dos hombres que se declararon culpables de vender tarjetas de Seguridad Social y de Residencia Permanente fraudulentas a personas que viven como indocumentados en los Estados Unidos.
Los Ángeles es el centro
De acuerdo a un reporte de La Opinión de Los Ángeles, el fiscal Trent Shores indicó que Cristian Alvarado Morales, de 30 años, y Anderson Garcés López, de 29 años, ambos de Tulsa, se declararon culpables de varios delitos, incluyendo conspirar para transferir documentos de identificación; tres cargos de robo de identidad agravado; posesión con intención de usar y transferir cinco o más documentos de identificación. Alvarado había sido deportado el 25 de marzo de 2008, de Laredo, Texas.
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Según opinan los criminalistas la incapacidad del congreso estadounidense de llegar a un acuerdo sobre nuevas leyes migratorias o programas para trabajadores invitados —a fin de satisfacer las exigencias de la economía de Estados Unidos— garantiza la supervivencia de la industria de los documentos falsos, que surgió después de que los legisladores aprobaron la última reforma migratoria, en 1986.
La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) dio estatus legal a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que se encontraban en el país desde 1982 y también prohibió a los empleadores contratar trabajadores no autorizados.
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