El Gobierno de México rechazó la entrada en vigencia de leyes locales en Estados Unidos contra la migración irregular promulgadas en los estados de Florida y Kansas. El país azteca argumenta que inducen a actos de “discriminación y perfilamiento racial” contra la comunidad mexicana e hispana en general.
La Cancillería de México expresó su “rechazo y preocupación” ante la implementación desde el 1 de julio de las normas estatales, a través de dos comunicados difundidos por la Legación y divulgados por los consulados de Miami y Orlando, en Florida, y de Kansas City en el estado de Kansas.
Sobre la ley de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la Cancillería consideró que “afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas”.
Agrega que dicha normativa agrava “ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante” y “no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”.
Entre las medidas incluidas en la ley está exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obliga además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a tomar datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convierte en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
“La intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”, indicó la Cancillería mexicana en el comunicado.
Además informó que utilizará todos los recursos a su alcance “para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida”.
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Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
En el caso de la ley antimigrante de Kansas, el Gobierno de México reconoció el veto que la gobernadora demócrata de ese estado, Laura Kelly, dio a dicha ley “por sus potenciales implicaciones”.
También sostuvo que “seguirá siendo respetuoso” del orden jurídico y las leyes estatales de Estados Unidos, pero al mismo tiempo intensificará sus esfuerzos para proteger a la comunidad mexicana en ese país.
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