El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la existencia de un narcotúnel que conecta a las poblaciones de Tijuana en territorio mexicano, con San Diego, California, en territorio estadounidense y aseguró que trabaja con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas entre ambos países.
“Es cierto lo que sostuvo el presidente Trump (sobre el hallazgo del túnel). Nosotros tenemos todos los elementos, las pruebas, sabemos lo que sucedió”, declaró López Obrador en conferencia de prensa el martes 19 de mayo.
El jefe de Estado reiteró que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina de México trabajan en conjunto con autoridades estadounidenses para evitar el tráfico de drogas en ambos territorios. Dijo además que ambas dependencias nacionales realizan trabajos de vigilancia en la zona del túnel.
El Departamento de Justicia del estado de California en Estados Unidos informó por su lado que el túnel tiene una longitud de casi 60 metros y conecta a México con la comunidad de Otay Mesa en California. El reporte indica que por primera vez se encontraron cinco tipos distintos de drogas en el lugar: fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el operativo se logró la captura del presunto narcotraficante Rogelio Flores Guzmán, ciudadano mexicano con residencia en Estados Unidos a quien se le incautaron unos 400 paquetes contentivos con los cinco tipos de droga mencionados.
“México debe tomar el control de este gran problema”, dijo Trump en Twitter. “Se está evitando el traslado de droga a Estados Unidos y ese hecho es una prueba de que se está actuando y se está haciendo de manera conjunta”, le contestó López Obrador, según informó el diario mexicano Milenio.
Rápido y Furioso
Por otro lado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard refirió que las autoridades estadounidenses “ya están revisando” la nota diplomática que México envió hace una semana para pedir “toda la información” del operativo “Rápido y Furioso” realizado por Washington hace una década en la frontera entre ambos países.
El Gobierno expresó que “hay dudas fundadas” sobre esta operación realizada de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que introdujo más de 2.000 armas de alto calibre a México para rastrear a narcotraficantes.
“Seguramente va a haber una respuesta, ya nos lo adelantaron, de cooperación con México en esta indagatoria”, comentó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El impacto del operativo ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 % de los delitos en México, según la SRE.
Pero también atrae su atención por el presunto rol que jugó la administración del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), incluyendo el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido desde diciembre en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa.
Ebrard explicó que la nota diplomática busca que Washington proporcione datos sobre las armas específicas usadas en el operativo, el seguimiento de las armas no recuperadas en México y testimonios posteriores de involucrados.
“Hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México, diciendo que no se sabía nada de esto, o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México”, sentenció.
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