Han pasado más de tres años desde que funcionarios de salud federales llegaron a los Apalaches centrales para evaluar un brote alarmante de VIH que se propaga principalmente entre personas que se inyectan opioides o metanfetamina.
Los expertos en enfermedades infecciosas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades elaboraron una lista de recomendaciones tras su visita, incluida una para poner en marcha programas de distribución de jeringas para detener la propagación en su origen. Pero quienes han pasado años luchando por proteger a las personas que consumen drogas de las sobredosis y las enfermedades dicen que la situación probablemente no ha mejorado, en parte debido a los políticos que sostienen que esos programas fomentan el consumo de drogas ilegales.
Joe Solomon es miembro del Ayuntamiento de Charleston y codirector de SOAR WV, un grupo que trabaja para abordar las necesidades de salud de las personas que consumen drogas. Está orgulloso de cómo su comunidad unida ha estado a la altura de este desafío, pero frustrado por las limitaciones a sus esfuerzos.
“Ves una ciudad y un condado dispuestos a trabajar a una escala mayor que nunca”, dijo Solomon, “pero todavía tenemos una mano atada a la espalda”.
La mano a la que hace referencia permite un acceso más fácil a las jeringas limpias.
En abril de 2021, los CDC llegaron a Charleston (la sede del condado de Kanawha y la capital del estado, enclavada en la confluencia de los ríos Kanawha y Elk) para investigar docenas de infecciones por VIH recién detectadas. El jefe de intervención en VIH de los CDC lo calificó como “el brote de VIH más preocupante en los Estados Unidos” y advirtió que la cantidad de diagnósticos notificados podría ser solo “la punta del iceberg”.
Ahora bien, a pesar de la atención y los recursos destinados al brote, los investigadores y los trabajadores sanitarios afirman que el VIH sigue propagándose. En gran medida, afirman, el brote persiste debido a las restricciones que los responsables de las políticas estatales y locales han impuesto a las iniciativas de intercambio de jeringas.
Las investigaciones indican que los programas de servicios de jeringas están asociados con una reducción estimada del 50% en el VIH y la hepatitis C, y los CDC emitieron recomendaciones para orientar una respuesta al brote que enfatizaba la necesidad de mejorar el acceso a esos servicios.
Hasta ahora los funcionarios locales han hecho caso omiso de este consejo.
A fines de 2015, el Departamento de Salud de Kanawha-Charleston lanzó un programa de servicio de jeringas, perolo cerróen 2018 bajo presión; el entonces alcalde Danny Jones lo calificó de “mini centro comercial para drogadictos y traficantes de drogas”.
SOAR intervino organizando ferias de salud en las que distribuyó naloxona, un fármaco para revertir la sobredosis de opioides; ofreció tratamiento y derivaciones; proporcionó pruebas de VIH e intercambió jeringas limpias por usadas.
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Pero en abril de 2021, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que limitaba la cantidad de jeringas que las personas podían intercambiar y obligaba a presentar una identificación de Virginia Occidental. Posteriormente, el Ayuntamiento de Charleston agregó sus propias pautas, incluida la exigencia de etiquetar individualmente las jeringas.
Como resultado de estas restricciones, SOAR dejó de intercambiar jeringas. West Virginia Health Right ahora opera un programa de intercambio en la ciudad bajo las restricciones.
Robin Pollini es epidemióloga de la Universidad de Virginia Occidental y realiza investigaciones comunitarias sobre el consumo de drogas inyectables. “Cualquier persona con la que he hablado que haya utilizado ese programa solo lo ha hecho una vez”, afirmó. “Y las cifras que informan al estado lo confirman”.
El programa de intercambio de jeringas que lleva adelante el departamento de salud en el cercano condado de Cabell (donde se encuentra Huntington, la ciudad más grande del estado después de Charleston) no tiene tantas restricciones. Como señala Solomon, ese programa intercambia más de 200 jeringas por cada una que se intercambia en Kanawha.
Una queja habitual sobre los programas de distribución de jeringas es que dan lugar a jeringas desechadas en espacios públicos. Jan Rader, directora de la Oficina de Salud Pública y Política de Control de Drogas del alcalde de Huntington, sale regularmente a la calle y dijo que rara vez se encuentra con jeringas desechadas, señalando que es necesario cambiar una jeringa usada por una nueva.
En agosto de 2023, el Ayuntamiento de Charleston rechazó una propuesta del Centro de Salud de la Mujer de Virginia Occidental para operar un intercambio de jeringas en la comunidad del West Side de la ciudad, y los opositores expresaron temores de un aumento en el consumo de drogas y la delincuencia.
Pollini dijo que es difícil estimar el número de personas en Virginia Occidental con VIH porque no hay una estrategia coordinada para realizar pruebas; todos los esfuerzos están localizados.
“Uno pensaría que en un estado que tuvo el peor brote de VIH en el país”, dijo, “a esta altura tendríamos una estrategia de pruebas a nivel estatal”.
Además de las pruebas que SOAR realizó en 2021 en sus ferias de salud, se realizaron pruebas exhaustivas durante la investigación de los CDC. Desde entonces, el número de casos de VIH reportados en el condado de Kanawha ha disminuido, dijo Pollini, pero es difícil saber si eso es el resultado de controlar el problema o el resultado de pruebas limitadas en grupos de alto riesgo.
“Mi inclinación es la segunda”, dijo, “porque nunca en la historia ha habido un brote de VIH relacionado con la inyección entre personas que usan drogas que se haya resuelto sin ampliar los programas de servicios de jeringas”.
“Si sales a buscar infecciones”, dijo Pollini, “las encontrarás”.
Solomon y Pollini elogiaron los esfuerzos de extensión en curso (a través de campamentos junto a los ríos, en casas abandonadas y en caminos del condado) del Programa Ryan White contra el VIH/SIDA para realizar pruebas a quienes corren mayor riesgo: las personas que se sabe que se inyectan drogas.
“Es un trabajo a nivel milagroso”, dijo Solomon.
Pero Christine Teague, directora del Programa Ryan White en el Centro Médico del Área de Charleston, reconoció que no ha sido suficiente. Además del VIH, sus preocupaciones incluyen la alta incidencia de hepatitis C y endocarditis, una inflamación potencialmente mortal del revestimiento de las cámaras y válvulas del corazón, y el costo de los recursos hospitalarios necesarios para abordarlas.
“Hemos presentado esos datos a la legislatura”, dijo, “no se trata sólo del VIH, sino de todas esas otras hospitalizaciones prolongadas que, en esencia, paga Medicaid. Y parece que nada logra penetrar en la sociedad”.
Frank Annie es investigador de CAMC especializado en enfermedades cardiovasculares, miembro del Ayuntamiento de Charleston y defensor de los programas de servicio de jeringas. La investigación de la que fue coautor encontró 462 casos de endocarditis en el sur de Virginia Occidental asociados con el uso de drogas inyectables, con un costo para las aseguradoras federales, estatales y privadas de más de $17 millones, de los cuales se recuperaron menos de $4 millones.
Teague está aún más preocupado por los condados rurales de Virginia Occidental, la mayoría de los cuales no tienen un programa de servicio de jeringas.
Tasha Withrow, defensora de la reducción de daños en el condado rural fronterizo de Putnam, dijo que su sensación es que las cifras de VIH no son alarmantemente altas allí, pero dijo que, con pocas pruebas y un estigma elevado en una comunidad rural, es difícil saberlo.
En un informe de seguimiento de enero de 2022, los CDC recomendaron aumentar el acceso a los servicios de reducción de daños, como los programas de servicio de jeringas, a través de la expansión de los servicios móviles, la asistencia en la calle y la telesalud, utilizando personas “de confianza para los pacientes”, para mejorar la prestación de servicios esenciales a las personas que consumen drogas.
A Teague le gustaría que cada condado rural tuviera una unidad móvil, como la que opera su organización, que ofrezca suministros para la reducción de daños, medicamentos, atención de salud conductual, asesoramiento, derivaciones y más. Se trata de una tarea costosa. Sugirió que el dinero del acuerdo sobre opioides a través de la Fundación West Virginia First podría pagarlo.
Pollini dijo que espera que los funcionarios estatales y locales permitan a los expertos hacer su trabajo.
“Me gustaría que nos permitieran seguir la ciencia y operar estos programas como se supone que deben hacerlo y en una geografía más amplia”, dijo. “Lo que significa que no debería ser una decisión política, sino una decisión de salud pública”.
Por: Taylor Sisk / Noticias de salud de KFF
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