El poder judicial ha sido atacado por el presidente Trump, quien se quejó de las decisiones liberales de los tribunales sobre inmigración, educación, salud y más. Y luego pensó que nombraría a los jueces más conservadores para obtener sentencias favorables del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, SCOTUS. Pero si él cree que estos hombres y mujeres que han hecho una carrera de estudio y la aplicación de la ley, pueden sorprender. Además, tales expectativas revelan la falta de conocimiento sobre la constitución y la aplicación de las leyes.
Ni el Departamento de Justicia ni los tribunales obedecerán ciegamente. Es posible que tenga aliados en ambos, pero existe amplia evidencia de que un presidente no puede obligar a nuestras instituciones a cumplir sus órdenes. Nixon falló durante Watergate, y ahora Trump acaba de puyar al oso y recibió una respuesta rápida del Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que no hay jueces liberales o jueces conservadores en su Corte Suprema, solo jueces que aplican la ley. De la misma forma en que se resintió con el ex fiscal general Jeff Sessions por haberse retirado de la investigación de Rusia, ahora Trump cree que sus nombrados para el tribunal defenderán sus intereses.
Trump debe temer que un Congreso, bajo el control de los Demócratas, inicie audiencias, citaciones e investigaciones sobre sus impuestos, la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y su relación con el gobierno de Arabia Saudita. Lo que se evidencia con el comportamiento del presidente en varios frentes es que no era un político cuando decidió postularse, y que ahora el país está pagando el precio por su falta de experiencia y sus fallas éticas. Ahora le corresponde a los políticos de ambos partidos detener a este presidente y obligarlo a respetar la constitución.
Fernando Méndez.
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