Un tribunal de Puerto Rico emitió varias órdenes para registrar los teléfonos móviles del gobernador Ricardo Rosselló y otras 11 personas que participaron en el chat privado cuya filtración ha provocado multitudinarias protestas y exigencias de que el gobernador renuncie a su cargo, informó el martes el Departamento de Justicia.
Confirmamos que el día de ayer (lunes) hubo una orden de allanamiento para los 12 miembros del chat y hoy se están diligenciado, dijo Kelvin Carrasco, oficial de prensa del Departamento de Justicia.
“Por ser una investigación en curso, no se emitirán comentarios adicionales”, dijo por su parte Mariana Cobián, portavoz de prensa de la misma instancia judicial en un mensaje escrito enviado a los medios.
La investigación está a cargo de la jefe de los fiscales, Olga Castellón.
El gobernador Rosselló enfrenta una crisis política estimulada por el escándalo generado hace dos semanas por la filtración de una conversación en Telegram en la que él y otras 11 personas compartieron comentarios considerados ofensivos.
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En uno, un colaborador del gobernador se refería de forma burlona a las víctimas del huracán María que dejó casi 3 mil muertos. A este escándalo se suma que el 10 de julio la Fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación de la Isla tras el peor huracán en un siglo.
Este lunes miles de personas se manifestaron en San Juan pidiendo la renuncia de Rosselló en medio de un paro general, pero este martes Rosselló reiteró que no renunciará.
En el marco de la crisis, el pasado domingo Rosselló anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que renunciaba a la presidencia del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), además de aceptar un proceso legislativo que puede llevar a su salida a través de un juicio político.
Junto al mandatario puertorriqueño, formaron parte del chat los asesores en comunicación Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda; el exsecretario de Estado, Luis Rivera; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; los exasesores, Elías Sánchez y Alfonso Orona; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y el exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino.
El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, dijo este martes recibiría en las próximas horas el informe especial encargado a un grupo de tres juristas en el que indicarían si hay razones para iniciar el proceso de juicio político contra el gobernador.
“Esto nunca ha ocurrido y las cosas queremos hacerlas como Dios manda, sin que se afecten a los derechos constitucionales de nadie”, subrayó.
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