Desde Oklahoma ha salido un mensaje del Sistema de Justicia de los Estados Unidos, que legalmente ha encontrado responsabilidad en una farmacéutica en torno su conducta que por omisión, al parecer ayudó a desatar la crisis de opiáceos que vive el cuadragésimo sexto estado de la Unión.
Un juez del condado de Cleveland sopesó información del Gobierno estatal y consideró como pruebas aptas para sentencias las evidencias de que al menos unas 6 mil personas murieron en las últimas dos décadas debido a que la multinacional propiedad de Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation no ofreció información sobre los riesgos del uso de sus medicamentos.
La decisión judicial impactó directamente en el gigante farmacéutico Johnson & Johnson (J&J) que deberá pagar más de 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opiáceos en el estado de Oklahoma.
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Este era un fallo muy esperado por las grandes farmacéuticas, dado que hay numerosas reclamaciones similares en más de cuarenta estados del país, además de una demanda federal que suscribieron más de 2.000 ciudades y condados.
Reparación de daños
El juez que llevó la causa en el distrito del condado de Cleveland, fue el magistrado Thad Balkmam, quien estimó que el grupo farmacéutico estadounidense debe pagar un total de 572 millones 102 mil 088 dólares para reparar los daños causados en ese estado, informaron medios locales.
Thad Balkman, al leer su sentencia, apuntó que “la crisis de los opiáceos ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato”.
Mike Hunter, el fiscal general de Oklahoma de estirpe republicana, presentó una demanda en 2017 contra tres grandes farmacéuticas – Johnson & Johnson, Purdue Pharma y Teva- acusándolas de causar un perjuicio público al inundar el estado con opiáceos sin informar con exactitud sobre el riesgo de adición a esos fármacos.
Hunter denunció que la epidemia de opiáceos en Oklahoma ha causado más de 6.000 muertes en las últimas dos décadas.
De acuerdo a documentos judiciales citados por algunos medios locales, el número de recetas de opiáceos dispensados por las farmacias de ese estado llegó a 479 a la hora en 2017.
La centenaria responde
La empresa Johnson & Johnson fundada en 1886 con sede den Nueva Jersey, negó las acusaciones y su abogado, John Sparks, cuestionó la aplicación de la ley de “perjuicio público” hecha por los fiscales de Oklahoma y argumentó que las autoridades estatales habían “malinterpretado” la ley.
Las otras dos compañías farmacéuticas acusadas por el estado de Oklahoma, Purdue Pharma y Teva, alcanzaron sendos acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente, para evitar el juicio.
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Los recursos económicos abonados por las compañías se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción de la población en Oklahoma y al pago de los gastos legales de la contienda, según medios locales.
Oklahoma presentó esta demanda en 2017, cuando hubo una oleada de acciones judiciales similares presentadas por los estados del país más afectados por la epidemia de opiáceos, como Texas o Misuri, entre otros.
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