El Gobierno de Florida concluyó que ninguno de los miembros de la antigua junta del distrito fiscal de Walt Disney World cometió delitos penales dando así por terminada una disputa entre ambas partes, que comenzó cuando la compañía rechazó una legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que tiene que ver con la ideología de género en las escuelas públicas del estado.
“Debido a la falta de un antecedente penal” el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ha cerrado el caso contra el Distrito de Mejoras de Reedy Creek (RCID), escribió a DeSantis la inspectora general en jefe del estado, Melinda Miguel, según documentos revelados por el canal News 6 de Orlando.
El RCID no infringió ninguna ley penal antes de que DeSantis designara una nueva junta para supervisar el distrito fiscal especial de Walt Disney World, detalla el texto.
De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación, la oficina del Inspector General cerró “discretamente” su revisión sin hacer recomendaciones, según indica un memorando conseguido por News 6 a través de una solicitud de registros públicos.
Los exlíderes de la RCID fueron absueltos de cualquier delito penal después de que DeSantis solicitara una investigación en 2024.
Los registros estatales señalan que había una “difuminación de las líneas” entre The Walt Disney Co. y su distrito de gobierno, pero finalmente el Inspector General decidió no tomar ninguna medida adicional.
DeSantis y Disney se enfrentaron después de que Bob Chapek, entonces director ejecutivo de Disney, se pronunciara en contra de la legislación estatal que abordaba asuntos de ideología de género.
El gobernador respondió impulsando cambios en la ley para despojar a la compañía Disney de su junta directiva y permitirle designar nuevos miembros.
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Antes de que los designados por el gobernados DeSantis asumieran el control de la junta directiva de Disney, los miembros salientes aprobaron acuerdos de desarrollo a largo plazo con Disney que les limitaron el poder.
DeSantis respondió solicitando una investigación estatal para ver si se habían violado leyes civiles o penales y cometido delitos.
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