La jueza Beth Bloom del Distrito Sur de Florida consideró inconstitucional que inmigrantes indocumentados sean transportados por parte de autoridades policiales locales de este estado. Este fallo ocurre previamente al juicio que enfrenta en enero de 2021 el gobierno floridano por una ley que sanciona a las llamadas ciudades santuario.
Según documentos de la corte la jueza Bloom se pronunció sobre el tema del transporte de inmigrantes indocumentados a favor de varias organizaciones migratorias y civiles que en el año 2019 presentaron una demanda contra la ley SB 168, sancionada por el gobernador Ron DeSantis.
En Florida la referida ley obliga a los Departamentos de Policías locales a cooperar con las autoridades migratorias en la deportación de ilegales y sanciona a las ciudades que adopten políticas santuario.
La normativa también exige que todos los gobiernos municipales, las agencias estatales y los departamentos de policía cumplan no solamente con la ley federal de inmigración, sino que además trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para detener y deportar a los inmigrantes.
“Estamos felices de ver que el sistema judicial comienza a estar de acuerdo con nosotros”, comentó sobre el fallo el director ejecutivo saliente de Farmworker Association of Florida, Antonio Tovar.
Recalcó que se trata de una ley que afecta la economía del estado de Florida que depende en gran medida del trabajo de los inmigrantes y que alienta a las autoridades a la “discriminación racial”.
“Esperamos con interés el juicio y demostrar que la SB 168 es discriminatoria e inconstitucional, y no tiene cabida en Florida”, dijo Oscar Londoño, director ejecutivo de WeCount!, una de las organizaciones demandantes sobre el proceso judicial que se llevará a cabo a partir del próximo 4 de enero.
De acuerdo con la organización Southern Poverty Law Center, otra de las que apoya legalmente la demanda, leyes como la SB 168 desperdician el dinero de los contribuyentes, ponen en peligro a las comunidades, separan a las familias y exponen a las autoridades locales a costosas demandas de derechos civiles.
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La jueza Bloom indica además en su dictamen preliminar que los demandantes “ofrecen una amplia gama de pruebas” de grupos controvertidos antiinmigrantes como Floridanos para el Control de Inmigración, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense y el Centro de Estudios de Inmigración que participaron en la redacción de la citada ley.
Así mismo, según la opinión de María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la SB 168 “fue motivada por el racismo y es dañina no solo para las familias objetivo, sino también para nuestra democracia, nuestra seguridad y nuestros presupuestos”.
Entre las organizaciones demandantes también se encuentran Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y The Guatemalan-Maya Center, entre otros.
La ley SB 168 fu aprobada por el congreso y el senado estatal en mayo de 2019 y entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año, convirtiendo a Florida en uno de los estados más estrictos con la inmigración irregular de todo Estados Unidos.
