La pregunta sobre el estatus de ciudadanía con la que se deseaba recolectar información a través del censo poblacional de 2020, fue judicialmente bloqueada y declarada ilegal por un juez federal, acción que es percibida por la comunidad latinoamericana en el país como una contención a la política antiinmigrante que lidera la administración Trump.
La inclusión de esta pregunta había desatado el miedo de las personas, ante la posibilidad de que la información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
La polémica pregunta fue solicitada por el Departamento de Justicia, para entonces comandado por Jeff Sessions, conocido por sus ideas antiimigrantes, pedimento que tuvo lugar en diciembre de 2017.
El magistrado Jesse M. Furman sostuvo en su sentencia, de 277 páginas, que el plan de incluir una pregunta sobre la ciudadanía para elaborar el censo, que fue impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos.
El juez dio la razón a los críticos de la iniciativa asegurando que “cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”.
En total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta contra la Administración.
Letitia James. fiscal general del estado de Nueva York, aseguró que “nuestra oficina ha logrado una gran victoria contra la Administración de Trump, la pregunta sobre la ciudadanía habría sembrado innecesariamente el temor en nuestras comunidades y evitado que se contara a la población de manera precisa”.
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Desde el principio de las historia de la aplicación del instrumento demográfico, la elaboración del censo en Estados Unidos, se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes. En la actualidad se calcula que en los Estados Unidos viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría trabajando y pagando sus impuestos.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross había justificado la medida subrayando que era necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas serían confidenciales.
Sin embargo el magistrado Jesse M. Furman juzgó que las justificaciones del Gobierno eran un “pretexto” e insistió en que la decisión de Ross violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos.
El bloqueo a la pregunta por ciudadanía desde una instancia judicial, ha llenado de satisfacción a los líderes demócratas.
El Comité Nacional Demócrata celebró la sentencia y aseguró que “Trump tiene que dejar de usar el censo como una herramienta política para quitarle el poder a la comunidad latina y las demás comunidades de color”.
Tom Pérez, quien preside el citado comité, expresó a través de un comunicado que “esta decisión es una victoria para nuestra democracia y nuestros valores de igualdad y oportunidad para todos. No nos dejaremos engañar por los intentos de este Gobierno de intimidar y no contar con las comunidades inmigrantes”.
Latinx Newswire
